Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), anunció que presentará un paquete de iniciativas legislativas tanto a nivel local como federal para regular el uso de motocicletas.
Un medio de transporte que ha crecido exponencialmente en la capital y que, según autoridades, también ha sido vinculado con diversos delitos de alto impacto, como los ocurridos recientemente con el asesinato de colaboradores de primer nivel de la presente administración.
La propuesta
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria detalló las propuestas buscan reformar la Ley de Movilidad capitalina y el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer un marco normativo claro para los motociclistas, mejorar la seguridad vial y combatir el uso de estos vehículos en actividades delictivas, como robos, asaltos y homicidios.
“La motocicleta no puede ser un vehículo para la impunidad. Vamos a ordenarlas, a registrarlas y a poner reglas claras para su circulación”, sentenció.
Entre los principales ejes de la propuesta a nivel local destacan:
- La creación de un registro obligatorio de motocicletas y sus conductores.
- El establecimiento de zonas restringidas para circular.
- La obligatoriedad de los usuarios de portar cascos con placas visibles.
- Se contempla establecer zonas y horarios para el traslado de pasajeros, particularmente en áreas de alta incidencia delictiva.
A nivel federal, la reforma al Código Penal buscará establecer agravantes para quienes cometan delitos utilizándolas como medio de huida o ataque.
Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), indican que el 60% de los robos cometidos con violencia en la metrópoli durante el último año involucraron motocicletas, situación que ha impulsado a las autoridades locales a actuar con mayor determinación.
Aclaración
El paquete de reformas será presentado formalmente al Congreso local y al Congreso de la Unión en las próximas semanas, con el respaldo de legisladores afines a la administración. También se iniciará una campaña de divulgación para informar a los motociclistas sobre los cambios propuestos y los beneficios que implican en términos de seguridad y legalidad.
La propuesta ha generado reacciones diversas entre distintos sectores. Mientras algunas organizaciones civiles celebran las medidas por su enfoque en la seguridad ciudadana, agrupaciones de motociclistas advierten que podrían derivar en discriminación o en trabas para quienes dependen de la moto para ganarse la vida. La discusión pública apenas comienza.
No obstante, Brugada Molina enfatizó que las medidas no tienen intención de criminalizar a quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, como repartidores o mensajeros, sino de proteger a los ciudadanos y ordenar un sector que ha crecido sin regulación efectiva.
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