La periodista Adela Navarro Bello, codirectora del semanario ZETA en Tijuana, Baja California, ha sido objeto de amenazas reiteradas en los últimos meses, según denunció la organización Artículo 19.
Estas intimidaciones, realizadas a través de llamadas telefónicas, han generado preocupación en el ámbito periodístico y han llevado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a ofrecer apoyo directo a la comunicadora.
La mandataria estatal aseguró que su administración pondrá a disposición de Navarro los recursos legales, materiales y de seguridad necesarios para garantizar su protección.
De acuerdo con Artículo 19, las amenazas comenzaron entre el 29 de abril y el 16 de mayo, cuando una voz masculina realizó múltiples llamadas tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario.
En estas comunicaciones, el interlocutor repetía el mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, antes de colgar. La periodista, conocida por sus investigaciones sobre narcotráfico, corrupción y política, detalló que las primeras llamadas presentaban un eco notable, como si el emisor estuviera en una habitación vacía.
Sin embargo, en las más recientes se percibieron sonidos de fondo que sugieren un entorno abierto o en movimiento, como el ruido del viento, posiblemente relacionado con una motocicleta.
En respuesta a esta situación, la gobernadora Marina del Pilar expresó su respaldo a través de un mensaje en redes sociales, donde afirmó que las amenazas contra periodistas representan un ataque al derecho de la sociedad a estar informada.
“Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra administración esta siempre tendrá un lugar”, declaró. Además, subrayó que su gobierno no permitirá este tipo de agresiones en Baja California y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Las amenazas contra Navarro no son un hecho aislado. Según Artículo 19, estas intimidaciones se intensificaron tras la publicación de investigaciones del semanario ZETA que revelaron presuntos casos de corrupción en el gobierno estatal.
Entre los reportajes recientes, destaca uno relacionado con el “ocultamiento de información” por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre una narcofosa en el Cañón de las Carreteras, en Tijuana. En dicho caso, las autoridades suspendieron las búsquedas en el lugar pese a contar con el testimonio de un testigo que señalaba la ubicación de restos humanos. Los trabajos se detuvieron tras el hallazgo de tres cadáveres.
Cabe recordar que en diciembre de 2024, el semanario también recibió amenazas a través de narcomensajes, lo que evidencia un patrón de hostigamiento hacia el medio y sus colaboradores.
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