
Al menos 17 familiares directos de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, cruzaron silenciosamente hacia Estados Unidos como parte de un presunto acuerdo de cooperación entre el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y autoridades federales estadounidenses. Aunque la operación fue sigilosa, los detalles emergen y revelan lo que podría ser solo el inicio de una serie de beneficios para miembros del clan Guzmán López.
De acuerdo con Óscar Hagelsieb, exdirector de Homeland Security Investigations (HSI en inglés) en Ciudad Juárez, no se trata de un hecho aislado: “No van a ser los últimos de ese beneficio. Todavía hay más. Se van a extender esos beneficios, no nada más estos 17”, aseguró en entrevista con el periodista Luis Chaparro para el programa Pie de Nota.
El ingreso de los 17 familiares de Ovidio: ”parole" humanitario y protección estadounidense
Según Chaparro, entre los que cruzaron el puente fronterizo de San Ysidro, Tijuana, estaban Griselda López Pérez, madre de Ovidio, su hermana Griselda Guzmán López, su cuñado y varios sobrinos y primos. Todos llegaron a pie, con equipaje voluminoso y al menos 70 mil dólares en efectivo. Los esperaba un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) que los procesó bajo la figura legal del parole humanitario, un permiso especial utilizado en contextos de emergencia o para personas que, en condiciones normales, no podrían ingresar a territorio estadounidense.

Este tipo de recurso legal se otorga en ocasiones excepcionales por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. En este contexto, el ingreso de la gran mayoría de la dinastía Guzmán representa un componente crítico de un pacto de cooperación que busca, entre otras cosas, desmantelar estructuras del Cártel de Sinaloa desde dentro.
Los beneficios detallados del esquema de cooperación para Los Chapitos
Según fuentes del Departamento de Justicia, la agencia de Administración y Control de Drogas (DEA) y HSI, los individuos que colaboran con el gobierno estadounidense pueden acceder a una serie de beneficios, siempre que su cooperación sea considerada valiosa y verificable. Estos beneficios incluyen:
- Parole Humanitario: permite la entrada legal al país a personas que serían inadmisibles. Se concede de forma discrecional y puede ser renovado anualmente.
- Reubicación en zonas seguras: el gobierno federal tiene la facultad de asignar nuevas residencias para proteger a los testigos y sus familias, bajo esquemas similares al Programa de Protección de Testigos.
- Identidad nueva: se otorgan nuevos documentos y nombres para borrar rastros del pasado, especialmente en casos de alto riesgo de represalias.
- Apoyo económico temporal: aunque no reciben un “sueldo”, se les proporciona ayuda financiera inicial para iniciar una nueva vida, lo cual incluye vivienda temporal, educación y en algunos casos asistencia médica.
- Residencia legal y camino a la ciudadanía: con el tiempo y bajo determinadas condiciones, algunos beneficiarios pueden solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan con los términos del acuerdo.
- Conservación parcial del patrimonio: en ciertos casos, como parte de la negociación, se permite conservar activos económicos, siempre que sean considerados “limpios” o no vinculados directamente a actividades delictivas.

Un acuerdo judicial que no fue improvisado
Hagelsieb enfatizó que estas negociaciones no ocurren de la noche a la mañana. “Esos acuerdos empezaron casi un año antes. Se les ofreció [beneficios] no nada más a los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, se los ofrecieron a mucha gente”, detalló. Según el exfuncionario, dentro del Cártel de Sinaloa existió una estrategia para proteger a ciertos miembros —en especial a los hijos más jóvenes de “El Chapo”— como parte de un plan de largo plazo que involucra entrega selectiva de información, reacomodo de poder y protección familiar.
En ese contexto, algunos actores clave dentro del grupo, como Los Salazar, habrían recibido “permiso” para colaborar con autoridades a cambio de protección para su círculo inmediato.
Los que no tendrán beneficios: “El Mayo” y Rafael Caro Quintero
No todos los capos están en la misma situación. El caso de Ismael “El Mayo” Zambada, por ejemplo, se centra en negociar únicamente las condiciones de su reclusión, no la duración de su condena. “Está negociando dónde va a permanecer. Si lo meten en Florence, donde está ‘El Chapo’, se va a volver loco ahí”, advirtió Hagelsieb.

Para Rafael Caro Quintero, el panorama es aún más adverso. La DEA se niega a cualquier tipo de trato, debido a la implicación directa del capo en el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985. “Ya le traen ganas desde hace años y pues va a ser vámonos a juicio”, dijo el exfuncionario.
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