El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, propuso una reforma constitucional para incluir el robo en el transporte público en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de modo que los delincuentes no puedan seguir en libertad durante el proceso judicial.
Esta iniciativa busca modificar el artículo 19 de la Constitución, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva la creciente problemática de la inseguridad en el transporte público, especialmente en zonas urbanas y conurbadas de México, señaló el legislador.
De acuerdo con la iniciativa presentado por Manzanilla Téllez a la Comisión de Puntos Constitucionales, la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental que debe garantizarse a los ciudadanos.
El robo en este ámbito se ha convertido en un fenómeno que no solo afecta el bienestar de los usuarios, sino que también impacta la estabilidad social. El Estado de México es una de las entidades más afectadas, con cifras que reflejan la gravedad del problema.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en el transporte público a nivel nacional, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en el Estado de México. Esto representa más del 86% de los casos en todo el país, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática.
Actualmente, los delincuentes que cometen estos actos pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir. La reforma propuesta busca que estos individuos enfrenten su juicio desde un centro penitenciario, lo que podría disminuir el riesgo de que continúen delinquiendo.
El robo en el transporte público no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados y utilizan armas de fuego o blancas, lo que incrementa la peligrosidad de estos eventos.
La percepción de inseguridad entre los ciudadanos se ve agravada por la alta reincidencia de estos delitos, lo que genera frustración y desconfianza en el sistema de justicia.
La propuesta de Manzanilla Téllez también destaca que el artículo 19 constitucional ya contempla la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos de alta reincidencia y peligrosidad. Sin embargo, el robo en el transporte público, a pesar de su gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.
La reforma busca cerrar esta brecha y responder a la exigencia de la sociedad por un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas.
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