El 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por militares al interior del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León; la versión oficial del gobierno de Felipe Calderón apunto a que se trataba de jóvenes ligados al narco, luego cambió su postura y los calificó como “daños colaterales. A 14 años de distancia, los dos efectivos del Ejército Mexicano recibieron la ratificación de su sentencia: pasarán 90 años en prisión.
Los militares que participaron en el doble homicidio (6 en total, pero sólo 5 sentenciados) alteraron la escena del crimen y colocaron armas de fuego junto a los cuerpos de los estudiantes que se habían quedado a estudiar en las instalaciones del Tec de Monterrey.
Minutos antes del asesinato de Jorge y Javier, militares y sicarios se habían enfrentado al acudir, los primeros, a atender una denuncia anónima por el presunto secuestro de dos mujeres; los criminales escaparon y se dirigieron a las inmediaciones de la universidad.
Eran entre las 00:38 y las 00:59 cuando los estudiantes salieron a comprar comida y fueron asesinados por los militares: Jorge tenía seis heridas de bala, dos a corta distancia, lo remataron; Javier tenía siete impactos; ambos fueron golpeados por los militares antes de asesinarlos.
13 años de impunidad
Cuando la “verdad oficial” fue insostenible, el gobierno de Felipe Calderón intentó desestimar el actuar de los militares y se difundió la teoría de que el Ejército los había confundido porque los sicarios con los que se enfrentaron huyeron y se escondieron en las instalaciones del Tec de Monterrey.
Todavía en el año 2010 (agosto) la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) reconoció el caso como una ejecución extrajudicial y afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar hicieron todo a su alcance para frenar la investigación y que imperara la impunidad.
En 2019 en gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que los estudiantes del Tec de Monterrey fueron asesinados por militares y ofreció una disculpa pública en palabras de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero:
Sentencia, apelación y justicia
A 13 años de distancia, el juez José Reynoso Castillo dictó sentencia contra los cinco militares por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja: 90 años de cárcel.
Familiares e integrantes del colectivo Todos somos Jorge y Javier celebraron la sentencia pero manifestaron su preocupación por que los militares pudieran acceder a su derecho de apelación y evitar la sentencia. En parte, así ocurrió.
La defensa de los militares apeló la resolución del juez, sin embargo, este 12 de diciembre -casi 15 años después del crimen de Estado- un Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la sentencia.
“Reconocemos este gran paso a favor de la verdad y la justicia completa y contra la impunidad militar”, escribió el colectivo Todos somos Jorge y Javier en sus redes.
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