
El 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por militares al interior del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León; la versión oficial del gobierno de Felipe Calderón apunto a que se trataba de jóvenes ligados al narco, luego cambió su postura y los calificó como “daños colaterales. A 14 años de distancia, los dos efectivos del Ejército Mexicano recibieron la ratificación de su sentencia: pasarán 90 años en prisión.
Los militares que participaron en el doble homicidio (6 en total, pero sólo 5 sentenciados) alteraron la escena del crimen y colocaron armas de fuego junto a los cuerpos de los estudiantes que se habían quedado a estudiar en las instalaciones del Tec de Monterrey.
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Minutos antes del asesinato de Jorge y Javier, militares y sicarios se habían enfrentado al acudir, los primeros, a atender una denuncia anónima por el presunto secuestro de dos mujeres; los criminales escaparon y se dirigieron a las inmediaciones de la universidad.
Eran entre las 00:38 y las 00:59 cuando los estudiantes salieron a comprar comida y fueron asesinados por los militares: Jorge tenía seis heridas de bala, dos a corta distancia, lo remataron; Javier tenía siete impactos; ambos fueron golpeados por los militares antes de asesinarlos.
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13 años de impunidad
Cuando la “verdad oficial” fue insostenible, el gobierno de Felipe Calderón intentó desestimar el actuar de los militares y se difundió la teoría de que el Ejército los había confundido porque los sicarios con los que se enfrentaron huyeron y se escondieron en las instalaciones del Tec de Monterrey.
Todavía en el año 2010 (agosto) la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) reconoció el caso como una ejecución extrajudicial y afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar hicieron todo a su alcance para frenar la investigación y que imperara la impunidad.
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En 2019 en gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que los estudiantes del Tec de Monterrey fueron asesinados por militares y ofreció una disculpa pública en palabras de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero:

Sentencia, apelación y justicia
A 13 años de distancia, el juez José Reynoso Castillo dictó sentencia contra los cinco militares por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja: 90 años de cárcel.
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Familiares e integrantes del colectivo Todos somos Jorge y Javier celebraron la sentencia pero manifestaron su preocupación por que los militares pudieran acceder a su derecho de apelación y evitar la sentencia. En parte, así ocurrió.
La defensa de los militares apeló la resolución del juez, sin embargo, este 12 de diciembre -casi 15 años después del crimen de Estado- un Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la sentencia.
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“Reconocemos este gran paso a favor de la verdad y la justicia completa y contra la impunidad militar”, escribió el colectivo Todos somos Jorge y Javier en sus redes.
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