Las diócesis de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas señalaron una presunta colusión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional con integrantes del narco que controlan el tráfico de migrantes por el sur mexicano.
Fue a través de la Pastoral Social y de Movilidad Humana -una organización encargada de generar condiciones dignas para los migrantes- que los párrocos señalaron una “mirada cómplice” de las autoridades de seguridad para dejar operar a los grupos criminales que en los últimos años han dominado el flujo de migrantes y provocado una intensa ola de violencia en el estado.
La periodista Gabriela Coutiño fue quien difundió la denuncia de las diócesis, quienes remarcaron que la presunta colusión entre autoridades y narcos se tradujo en el incremento de los secuestros de mujeres a su paso por las principales rutas migrantes.
Además de esta inseguridad, los representantes de la iglesia en Chiapas afirmaron que la presencia de grupos criminales -como el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Machete, Cártel de Chiapas y Guatemala y Los Herrera- provocan también miles de desplazamientos y reclutamiento forzado, además de aumento en el número de homicidios dolosos y actos delictivos.
Otro punto de protesta -señalaron- es el engaño en el que caen las personas a manos del Instituto Nacional de Migración (INM), quien los deja a la deriva en puntos del país con altos índices de violencia, lo que “agudiza esta crisis humanitaria”.
Diócesis acusa a exdiputada por violencia en municipios
En un comunicado en conjunto, las 11 capillas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas acusaron a la exdiputada Sonia Álvarez por la violencia e ingobernabilidad que los grupos criminales provocaron en los municipios de Chenalhó y Pantelhó.
“El contexto actual donde la sangre corre por las comunidades de Pantelhó y colindantes de Chenalhó, las mujeres y los niños sufren el miedo a la detonación de armas, bombas y balas perdidas es responsabilidad de la representación del Estado en manos de Sonia Catalina Álvarez, Cecilia López y Leonel Reyes”.
Afirmaron que las autoridades decidieron ignorar las denuncias de las comunidades y permitieron que creciera la ola de violencia a manos de los grupos criminales que pretenden controlar las actividades delictivas en la zona de los Altos de Chiapas.
“Ignoraron la propuesta presentada por la mayoría de las comunidades del municipio y las consecuencias que esto suponía: enfrentamientos, más pobreza, casas quemadas, miedo, desplazamientos, heridos y muertos (...) El Estado es el responsable de la crisis de seguridad”.
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