Absolvieron a Diego “N”, exaumno del IPN acusado por difundir contenido íntimo de compañeras modificado con IA

Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue absuelto este 4 de diciembre por el juez Francisco Salazar Silva en un caso que ha generado gran controversia. El acusado, señalado de crear y distribuir contenido sexual manipulado mediante inteligencia artificial (IA) de sus compañeras.

El juicio, que se extendió hasta altas horas de la noche, estuvo marcado por la tensión entre las partes involucradas. Valeria Martínez, abogada de las víctimas, informó que el juez dictó la sentencia absolutoria argumentando la falta de pruebas contundentes que confirmaran que Diego “N” había editado imágenes de las mujeres con IA para crear material sexual que posteriormente comercializó a través de redes sociales.

A pesar de la decisión judicial, las víctimas tienen la intención de apelar la sentencia. Martínez destacó que, si bien el caso no fue resuelto a favor de las denunciantes, el acusado continuará detenido en el Reclusorio Oriente debido a otros cargos pendientes. En particular, enfrenta una carpeta de investigación por pornografía infantil, además de estar involucrado en al menos seis investigaciones adicionales por violencia digital.

Según reportes de la Fiscalía, el exalumno poseía una tableta digital con fotografías manipuladas y reales de al menos mil mujeres, con edades comprendidas entre los 17 y 25 años. Además, se encontraron 166 mil imágenes modificadas mediante IA y 20 mil videos pornográficos distribuidos sin el consentimiento de las víctimas. Así, este caso se convierte en uno de los primeros que involucra el uso de estas tecnologías para dichos fines.

Por su parte, Olimpia Coral, activista y cofundadora del Frente Nacional para la Sororidad, se pronunció enérgicamente contra la decisión judicial, señalando que ante la resolución: “no hubo justicia, habrá revolución”. Desde el inicio de la jornada, un grupo de feministas se congregó en la explanada del Reclusorio Oriente para exigir la condena máxima para el acusado, que en este caso habría implicado una pena de 12 años de prisión por cada una de las víctimas.

A pesar de la suspensión temporal del juicio, las manifestantes mantuvieron su postura y advirtieron que seguirían luchando hasta que se lograra justicia para las afectadas. Las víctimas y sus abogados insisten en que se haga justicia, no solo por ellas, sino por todas las personas afectadas por el uso malintencionado de estas tecnologías.