En un caso que ha desatado la indignación de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, la Secretaría de Mujeres de México reveló que ha intervenido para brindar apoyo a Esmeralda, una menor de 14 años que sufrió abuso sexual y ahora enfrenta cargos de homicidio calificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, tras haber presentado un aborto espontáneo.
La situación ha generado un fuerte rechazo entre colectivos y la sociedad civil, quienes señalan que la acusación viola los derechos de la adolescente. La titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, anunció en su cuenta de X (antes conocida como Twitter) que se ha reunido con autoridades para atender el caso y velar por los derechos de Esmeralda.
En sus publicaciones, Hernández mencionó que sostuvo un encuentro con Víctor de Jesús Hernández, titular de la FGE, así como con el gobernador Mauricio Kuri, para coordinar acciones y apoyos a la menor.
“Me reuní con el titular de la Fiscalía de Querétaro y acordamos construir una ruta ágil de solución con el objetivo principal de salvaguardar los derechos y la integridad de la niña”, expresó la funcionaria en su cuenta de X.
Asimismo, informó que mantiene comunicación constante con el gobernador Kuri, quien, según sus declaraciones, ha mostrado disposición para colaborar en la defensa de los derechos de Esmeralda. “También estoy en comunicación con el gobernador Mauricio Kuri, quien me ha manifestado su disposición y apoyo para acompañar el caso”, agregó.
Presidencia respalda a la menor
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Citlalli Hernández ha asumido el compromiso de dar seguimiento puntual al caso para asegurar que se haga justicia. En un mensaje de respaldo a las mujeres de México, Hernández reiteró: “Le reiteramos a todas las mujeres de México que ¡no están solas!”.
En ese sentido, la mandataria indicó, en la conferencia matutina del pasado lunes 27 de octubre, que se encuentra indignada con el caso y que estaría pendiente de las resoluciones para poder llevar a mejor término la situación jurídica de Esmeralda quien, por el momento, se encuentra en prisión domiciliaria en lo que se esclarecen los hechos.
Organizaciones civiles arremeten contra Fiscalía de Querétaro
El caso ha resonado en el ámbito de los derechos humanos, provocando la condena de diversas organizaciones civiles que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estos colectivos han expresado su rechazo a la decisión de la FGE de procesar a la adolescente, quien no solo ha sufrido abuso sexual, sino que además es miembro de una comunidad indígena, lo cual, aseguran, agrava la vulneración de sus derechos.
“En los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, no sólo se criminaliza a una adolescente que sufrió abuso sexual, sino que también se le están vulnerando sus derechos como mujer, niña e integrante de un pueblo originario”, manifestaron en un comunicado.
Estas organizaciones también denunciaron la imposición de prisión domiciliaria a la menor, la cual le impide asistir a la escuela y afecta directamente su derecho a la educación. En su posicionamiento, señalaron que este tipo de decisiones exhibe la falta de sensibilidad del Estado mexicano en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
Un llamado a la justicia sensible y equitativa
En su comunicado conjunto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), junto con Transforma, Desarrollo e Impulso Social, A.C., CreSer para un Desarrollo Integral, A.C., Coincidir Mujeres, A.C., y Construyendo Ciudadanía, A.C., expresaron su “consternación” y enfatizaron que este caso expone la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de las niñas y adolescentes.
Las organizaciones también pidieron al Poder Judicial de Querétaro que considere el caso con una perspectiva de infancia y adolescencia, así como un enfoque de género. Con esta petición, buscan que se desestime la acusación de homicidio calificado en contra de Esmeralda, y que, en su lugar, se brinde atención a los antecedentes de abuso y violencia que enfrentó.
“Exigimos que las autoridades revisen los casos de violencia institucional que se ejercen contra las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en México”, señalaron en su declaración, subrayando la urgencia de garantizar un sistema de justicia que comprenda y respalde a la infancia y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad.
Este caso ha puesto de relieve las deficiencias en la atención y justicia para menores víctimas de abuso, así como la falta de comprensión institucional ante los derechos de las adolescentes en situaciones de riesgo. A medida que la Secretaría de Mujeres y las organizaciones civiles avanzan en su apoyo a Esmeralda, la sociedad mexicana permanece atenta y vigilante en espera de un desenlace justo y humanitario para la joven.
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