Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que los informes presentados por la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda eran parte de un montaje, el gobernador Rubén Rocha Moya externó su apoyo a la corporación federal.
En su conferencia semanal, Rocha fue cuestionado sobre el más reciente comunicado de la FGR, en el cual se advierte la solicitud de órdenes de aprehensión contra las y los funcionarios —policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía estatal— que resulten responsables de haber participado en el aparente montaje.
Al respecto, el mandatario estatal reconoció que “nadie está excluido de ser investigado”, pero intentó en varias ocasiones evadir el tema por considerar que no estaba facultado para emitir una opinión.
“Yo pedí que pudiera intervenir la FGR para que ellos atrajeran el caso y no estuviera aquí para que evitáramos sospechas, dudas”, señaló el gobernador.
Los más recientes hallazgos de la FGR señalan que Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), habría sido asesinado en la finca de Huertos del Pedregal en donde Ismael ‘El Mayo’ Zambada habría sido sometido para su posterior traslado a Estados Unidos.
Esta versión desmantela los reportes iniciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, según los cuales Cuén Ojeda habría sido ejecutado durante un supuesto intento de asalto en una gasolinera.
Poco después del crimen, la FGE abandonó el caso y trasladó el mando de las investigaciones a la FGR. Asimismo, Sara Bruna Quiñonez Estrada presentó su renuncia al cargo de fiscal de Sinaloa.
Sumado a ello, la FGR confirmó que “en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo Chaidez, actualmente desaparecido y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de Ismael Zambada”.
Derivado de esto, autoridades de la FGR solicitaron una serie de órdenes de aprehensión, las cuales fueron rechazadas por un juez federal de Culiacán. Ante tal situación, el Ministerio Público de la Federación acudirá a un juez alternativo para presentarle las pruebas disponibles, con la intención de obtener los mandamientos judiciales correspondientes.
“Puede ocurrir todo [...] Contra todo van a actuar, incluso dicen qué tipo de funcionarios, qué tipo de servidores públicos pueden ser jalados de alguna manera, a cada quién sus responsabilidades. Eso depende de la Fiscalía (sic.)”, manifestó el gobernador ante medios de comunicación.
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