Actos de tortura es de lo que se responsabiliza a un grupo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por cometer actos de tortura contra dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó actos de tortura por parte de los elementos de la Sedena y GN, luego de que éstos golpearon y lastimaron a dos personas.
De acuerdo con la información de la CNDH, los uniformados vulneraron gravemente su integridad personal. “Vulneraron el derecho al trato digno y el interés superior de la niñez”.
Y es que el 3 de junio de 2023, miembros de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional ingresaron al lugar donde se encontraban las víctimas, donde las despojaron de sus pertenencias, las golpearon con unas tablas y armas de fuego.
Según las investigaciones, tras la golpiza, utilizaron una bolsa para torturar a ambas víctimas.
Luego, fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), acción que fue castigada, pues los oficiales no ofrecieron ningún tipo de ayuda médica tras las lesiones que ellos les propinaron.
La dependencia anunció que respecto a la recomendación 160VG/2024, las autoridades señaladas deberán reparar el daño y brindar las atenciones necesarias.
Según la CNDH, el objetivo es establecer mecanismos efectivos de prevención de tortura que permitirá generar un entorno de seguridad que garantice la dignidad y la integridad de todas las personas y no vuelva a repetirse este tipo de actos en el futuro.
Los actos de agresión fueron confirmados, debido a las evidencias de actos de tortura, actividades ilícitas y por vulnerar el interés superior de la niñez.
De acuerdo con las evidencias, se detectó que la violencia contra los menores fue de gravedad.
“Los certificados médicos y dictámenes de integridad física y psicológica basados en el protocolo corroboraron que las lesiones sufridas por las víctimas eran contemporáneas y estaban relacionadas con los hechos denunciados”, destaca la dependencia.
Debido a que no salvaguardaron la integridad física y emocional de las víctimas, los funcionarios incumplieron con su deber de protección, además de ser responsables de actos de tortura.
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