
A pocos días de que Claudia Sheinbaum Pardo tome el cargo como primera presidenta de México, se dio a conocer un informe que refleja la estrategia de seguridad planteada por su gabinete para los primeros 100 días de gobierno.
El documento —difundido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán— tiene fecha de septiembre de 2024 y fue elaborado, aparentemente, por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Dentro del reporte se identifican los asuntos prioritarios en materia de seguridad para el inicio de la próxima administración federal, entre los que destaca la violencia ejercida por los grupos del crimen organizado.
El diagnóstico señala que en el país operan por lo menos diez agrupaciones consideradas cárteles regionales. De ellas, dos son catalogadas como organizaciones criminales trasnacionales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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La Marina, el Ejército y la SSPC rastrearon las zonas en las que cada uno de estos grupos mantienen su presencia a lo largo del país. Como parte de dicha labor, identificaron que hay una zona de interés compartido para ambos: la península de Yucatán.
En los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se tiene registrada una presencia mayoritaria de células afines al Cártel de Sinaloa, aunque también se hallaron operaciones de bandas ligadas al cártel de las cuatro letras.
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Acorde con el documento, esta región al sureste de México es de gran importancia para ambas estructuras delictivas debido a que cuenta con múltiples puntos de entrada y desembarque de cargamentos de droga provenientes de Sudamérica. Desde esa zona, los cárteles envían estupefacientes a Estados Unidos y Europa.

En esta península se encuentra el municipio de Benito Juárez (Quintana Roo), ubicado por las autoridades como la octava demarcación con mayor incidencia de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada.
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Además de dicha extensión territorial, el informe señala al estado de Chiapas como otro punto de interés para ambas organizaciones criminales por ser un punto de ingreso de narcóticos, lo que ha sumido a la entidad en una oleada de violencia al menos desde el año 2021.
Durante su conferencia de prensa del 20 de marzo de 2023, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que en la Selva Lacandona, “cerca de Bonampak, ahí hay pistas clandestinas, están manejadas por alguno de los cárteles, están aterrizando aviones con droga”.
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De acuerdo con el equipo de seguridad de Sheinbaum Pardo, el Cártel de Sinaloa tiene preponderancia en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo, Zacatecas, Chiapas y Campeche.
Por otro lado, el CJNG mantiene una fuerte presencia en Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Veracruz.
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