
La noche del 30 de agosto el joven Diego Ignacio Paz, estudiante universitario de 22 años, tenía planeado reunirse con varios de sus amigos en casa de uno de ellos en Santa Lucía del Camino, Oaxaca. La velada estaba pensada para ser una jornada de diversión, pero fue interrumpida por el homicidio del muchacho.
Aquel viernes, Diego se reunió con otros jóvenes en un club de pádel, desde donde se trasladarían en tres automóviles distintos a un domicilio en la avenida Ferrocarril, según una versión que sus familiares han difundido en redes sociales.
Ya durante los primeros minutos del 31 de agosto, Diego y su amigo Josué pasaron por punto de revisión del operativo de alcoholímetro que la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino instaló en la esquina de Avenida Lázaro Cárdenas y Calle Huamúchil.
A partir de este punto, las versiones de la familia y del Informe Policial Homologado (IPH) de la corporación local contrastan entre sí.
Según la dependencia municipal, Diego y Josué intentaron evadir a los oficiales, atropellaron a dos de ellos y abandonaron el vehículo metros más adelante para intentar huir a pie. No obstante, familiares de Diego señalan que “fueron acosados por un policía vial”, quien supuestamente les exigió dinero para permitirles continuar su camino.

El uniformado habría pedido el apoyo de más elementos para iniciar una persecución en contra de los jóvenes, acorde con esta narrativa. Presuntamente, Diego perdió el control del vehículo y se vio forzado a frenar la marcha. “Al ya estar en alto, los policías comenzaron a jalonearlos y a golpearlos dentro del el auto, forzándolos a bajarse para seguir golpeándolos; y en su violencia sin control, ya amagado, le dispararon a quemarropa”, denuncian sus familiares.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Diego fue trasladado a un hospital cercano debido a que presentaba una herida de bala. La tarde del 1 de septiembre, la corporación anunció la detención de un agente municipal de Santa Lucía del Camino, identificado con las iniciales A.R.P., así como el aseguramiento de su arma, para determinar su grado de responsabilidad en el aparente homicidio.
Mientras las indagatorias siguen su curso, la madre y el padre de Diego Ignacio Paz escribieron una carta dirigida al presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, y a Marcos Freddy López Hernández, quien era director de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino hasta la mañana del 2 de septiembre, cuando hizo pública su renuncia.
“Diego era nuestro hijo único, una esperanza que ustedes mataron. Era un estudiante de comunicación, un joven que soñaba con transformar la realidad a través de los medios, con ser una voz honesta en un mundo que cada día la necesita más [...] Cuando decidieron cercenar su futuro, no solo mataron a Diego, mataron también su sueño de cambiar el mundo, de ser un agente de luz y verdad”, puede leerse en el escrito, reproducido por medios locales y la agencia Quadratín.
“Lo que hicieron es aberrante: utilizar supuestos alcoholímetros para catear a personas pacíficas, extorsionarlas y obtener ingresos indebidos”, mencionaron los padres del joven al criticar la forma en que se realizan estos operativos en el municipio.
“Diego no merecía morir. Su joven alma no merecía ser destruida de esta manera. Ustedes, quienes tienen hijos, deben comprender que han cometido un acto imperdonable. La sangre de Diego pesa sobre sus cabezas. La sociedad no puede seguir soportando un sistema que permite que los servidores públicos se conviertan en sus verdugos”, añaden los dolientes en la misiva, quienes firmaron como “los padres más ofendidos por sus manos sangrientas”.
El asesinato de Diego fue condenado de manera pública por el gobernador Salomón Jara Cruz, así como por el personal directivo de la Universidad Anáhuac Oaxaca, en donde era estudiante.
La familia de Diego organizó una misa de cuerpo presente, agendada para la mañana del 2 de septiembre, para despedir al muchacho. Posteriormente, será sepultado en el Panteón Jardín.
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