El Instituto Nacional de Migración (INAMI) aclaró los motivos por los cuales ayer desalojó el campamento de migrantes en la plaza Giordano Bruno, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), a pocos meses de que un grupo de habitantes de la capital del país exigieron retirarlos del lugar.
En un comunicado, el INM detalló que durante el operativo, personal de la dependencia dialogó con los 432 migrantes para convencerlos de ser trasladados albergues y espacios de esa institución, con el objeto de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria, destacando que contó con el apoyo de agentes migratorios especializados en traducción.
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Puntualizó que del total de migrantes, 83 aceptaron de manera voluntaria su traslado a los espacios migratorios del INM, de los cuales 76 fueron llevados a Morelos y siete al Estado de México.
Por su parte, nueve personas más fueron trasladadas a las Oficinas de Regularización del INM en la Ciudad de México y siete más fueron trasladadas a un albergue en la Ciudad de México, entre ellas, tres menores de edad.
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La dependencia resaltó que de los 99 migrantes, tres son originarios de Brasil, uno de Chile, cuatro de Colombia, cinco de Ecuador, uno de El Salvador, 53 de Haití, tres de Honduras, tres de Nicaragua, una de Perú y 17 más de Venezuela, quienes aceptaron recibir tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), la cual regulariza por un año su situación migratoria en el país.
Mientras que el resto decidieron retirarse por su propio pie debido a que contaban con documentos migratorios que acreditaban su condición regular en el país; sin embargo, los migrantes refirieron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, que oscilaba entre los 200 y 600 pesos.
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El INM precisó que en el operativo también participó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), y representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
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