Hallan sustancias cancerígenas en pollo de bodega en donde secuestraron a trabajadores de Toluca

Luego de varios análisis, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que gran parte de las reservas de pollo para consumo humano que eran almacenadas en cuatro bodegas, una de ellas donde cuatro trabajadores fueron secuestrados, contienen agentes cancerígenos fuera de los parámetros seguros para su venta.

Dentro de las investigaciones que realizan las autoridades en Toluca, el pasado 27 de marzo oficiales ingresaron y revisaron al menos dos bodegas ya que se piensa que podrían tener relación directa con una célula de la Familia Michoacana, supuestos responsables del ataque a los hombres en diciembre del 2023.

Sin embargo, dentro de las indagaciones por sus vínculos con el crimen organizado también decidieron enviar al laboratorio el producto que almacenaban en esos lugares, detectando que no eran seguros para ser entregados a la población.

¿Qué encontraron los investigadores?

De acuerdo con los resultados de los estudios, el pollo que estaba siendo procesado para su venta y distribución estaba contaminado con poliacrilamida, carboxilo modificado, caboxilo, tartrato de sodio y potasio, sustancias que en combinación pueden generar cáncer en aquellas personas que consuman carne contaminada.

“Se establece que los alimentos asegurados no son aptos para el consumo humano”, determinó la Fiscalía estatal luego de que dieran a conocer los resultados de los análisis, por lo que se ordenó inmediatamente poner bajo resguardo todos los productos que serían puestos a la venta previo al cierre de las bodegas.

Cárteles amenazan a pequeños comerciantes

Fue gracias a que las bodegas ubicadas en San José Guadalupe Hichochitlán y Parques Nacionales fueron investigadas por sospechas de acaparamiento de pollo, es decir, en donde supuestos miembros de la Familia Michoacana extorsionaban a los microempresarios obligándolos a adquirir un mínimo de 50 kilos.

Aunque esto no era todo, pues también aplicaban una cuota de 48 pesos por cada kilogramo que compraban para que no fueran víctimas de agresiones y “estar protegidos”, sin embargo, pese a los cobros de piso esta carne no cumplía con los requerimientos sanitarios permitidos en México para su venta al público.