En los últimos meses Guerrero, uno de los territorios más violentos de México, ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que ha desatado no sólo masacres, sino también ha dejado paralizadas a varias comunidades como Taxco y Chilpancingo ante el severo nivel de inseguridad e impunidad.
Ante la escalada de violencia, figuras eclesiásticas de la región, entre sacerdotes y obispos, han instado a los grupos del narcotráfico a entablar diálogo en busca de una solución pacífica, decisiones que incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado.
El obispo José de Jesús González, de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, anunció el miércoles pasado la propuesta de una pausa en los enfrentamientos dirigida a los cabecillas del crimen en Guerrero, no obstante, este martes la tregua pareció romperse cuando un enfrentamiento entre Los Tlacos y La Familia Michoacana dejó 17 muertos, aunque las autoridades en realidad sólo reconocieron a 5 víctimas.
Guerrero se enfrenta a un profundo desafío relacionado con la impunidad y el ciclo de violencia que azota la región. La falta de rendición de cuentas en casos de delitos graves, incluidos asesinatos, secuestros y extorsiones, contribuye al perpetuo estado de inseguridad y temor entre sus habitantes.
Impunidad reina en Guerrero
La dificultad para investigar y procesar a los responsables de estos crímenes se ve agravada por la infiltración de grupos criminales en distintos niveles de gobierno y por la intimidación hacia las autoridades judiciales y policiales. Este panorama de impunidad no solo obstaculiza la paz y la justicia, sino que también impide el desarrollo social y económico de Guerrero, manteniendo a la región en un ciclo vicioso de violencia y corrupción.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sólo en el primer mes de 2024 en la entidad gobernada por Evelyn Salgado Pineda se registraron 110 homicidios dolosos, una cifra similar a la registrada en enero de 2023, cuando se registraron 123 homicidios dolosos.
Datos del SESNSP señalan que del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 se registraron 1,401 homicidios dolosos, siendo una de las entidades más violentas de México.
La cifra difiere con lo registrado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGEG), que ha reconocido siete asesinatos más, cerrando su conteo en 1,408 homicidios dolosos.
Sin embargo, a través de la solicitud 120203124000021 realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la Vicefiscalía de Investigación reveló que en todo el año abrió 1,171 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, no obstante, de ellas sólo 12 investigaciones fueron judicializadas con detenido.
Lo más alarmante de la situación es que en todo el 2023 la Fiscalía no logró esclarecer ni una sola investigación abierta, registrando cero sentencias condenatorias, lo que habla de una impunidad del 100% en este delito.
Con la política denominada “abrazos, no balazos”, el presidente López Obrador promueve una estrategia enfocada en atacar la pobreza y otras causas fundamentales que propician la delincuencia en México, evitando al mismo tiempo cualquier negociación formal con grupos delictivos. Esta aproximación ha generado amplias críticas tanto de la oposición mexicana como de voces en Estados Unidos, quienes señalan una falta de acción efectiva contra los cárteles de droga.
Guerrero, catalogado como uno de los estados más desfavorecidos de México, también es un punto estratégico para el narcotráfico, específicamente para el cultivo de marihuana y amapola.
El país registra una cifra alarmante de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa tres veces superior a la de 2006, año en que se inició una ofensiva militar contra el narcotráfico. Desde entonces, la violencia ligada al crimen organizado ha resultado en más de 400.000 muertes, marcando profundamente el tejido social mexicano.
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