Un juez de control amplió un año la medida de prisión preventiva justificada en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, por el delito de desaparición forzada en 2016 de David Lara Cruz, un ex policía veracruzano bajo el mando de la administración del priista.
El ex gobernador compareció por videoconferencia en la audiencia de revisión de medidas cautelares en la sala de juicios orales del Distrito Judicial de Pacho Viejo, donde el juzgador determinó conceder la ampliación de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General de Veracruz.
La audiencia corresponde al proceso penal número 103/2018, por la desaparición forzada del ex policía estatal, David Lara Cruz, ocurrida en el año 2016, en manos de policías estatales, hechos registrados pocos meses antes de que Duarte renunciara al cargo para huir a Guatemala.
La desaparición de David Lara Cruz ocurrió el 17 enero de 2016, cuando se presentó a la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar exámenes de confianza. Al salir de la dependencia fue detenido de forma irregular por algunos de sus compañeros.
De acuerdo con las investigaciones, los policías estatales asesinaron a Lara Cruz y su cuerpo fue arrojado a una barranca en el municipio de Emiliano Zapata, donde días después se localizaron casi una veintena de cadáveres.
En la carpeta 103/2018 que se sigue por este proceso penal señala que por instrucciones de Javier Duarte, el cuerpo de David Lara fue exhumado y trasladado al municipio de Alto Lucero, donde su gobierno informó el hallazgo oficial de su cuerpo.
Esta maniobra tuvo la intención de disminuir el número de cadáveres reportados oficialmente y para frenar el escándalo por la desaparición de seis jóvenes originarios de Tierra Blanca, a manos también de policías estatales.
Estos hechos ocurrieron un mes antes de que Duarte de Ochoa huyera a Guatemala ante las acusaciones que se destaparon en su contra por el presunto desvío de recursos.
Por el caso del ex policía estatal, Javier Duarte fue vinculado a proceso en noviembre de 2022 y se le dictó prisión preventiva justificada, aunque el ex mandatario permanece desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Luego de su captura en 2017, Javier Duarte fue acusado por el desvió de más de 3 mil millones de pesos durante su gestión en Veracruz y en 2019 fue sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cómputo de la sentencia contra Duarte empezó a correr desde 2017 y aunque su condena termina en 2026, el ex gobernador tiene la posibilidad de salir antes de prisión bajo el criterio de buen comportamiento, sin embargo, el proceso que se le sigue en Veracruz lo podría tener un año más tras las rejas.
En 2022, la defensa del ex priista negó que éste fuera vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, sino más bien por presuntamente obstaculizar la investigación por ese delito. Por lo que el ex gobernador acusó que la imputación fue una “chicanada oficial” en su contra para impedirle salir de la cárcel.
Posteriormente, en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador veracruzano explicó que se presentó vía remota ante el juez de control y detalló cómo fue que, presuntamente, se le vinculó a proceso por “obstaculizar la investigación”, pero no por el delito de desaparición forzada.
“Es una chapucería decir que me vincularon a proceso por (el) delito de desaparición forzada, es un delito de lesa humanidad, es un delito fuerte. En la propia audiencia preguntó si se me estaba acusando de haber participado en desaparición de persona alguna y la respuesta fue un contundente no”, dijo en 2022 Javier Duarte.
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