El escenario político del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se ha visto sacudido por un caso de presunta corrupción que ha llevado a la detención y vinculación a proceso de la alcaldesa Cynthia Marina “N”, acusada de peculado con penalidad agravada.
Este delito, que conlleva un daño estimado de más de dos millones de pesos al patrimonio público, ha generado un revuelo en la esfera gubernamental local.
Los hechos que condujeron a la detención de la alcaldesa tienen su raíz en la presunta enajenación irregular de bienes inmuebles, acciones que supuestamente se llevaron a cabo al margen de los procedimientos regulares y sin reportar los fondos generados a las arcas municipales.
La juez de control encargada del caso determinó que existen pruebas suficientes para vincular a la imputada con la enajenación de estos inmuebles, lo que configura el delito de peculado agravado.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía Anticorrupción presentó argumentos que fueron considerados válidos por la autoridad judicial, lo que condujo a la decisión de procesar a la alcaldesa por este delito.
La defensa intentó refutar dichos argumentos, pero la juez dictaminó el auto de vinculación, concediendo un plazo de seis meses para la investigación complementaria, fijando la próxima audiencia para mayo de 2024.
La sustituye en el cargo un familiar
Esta situación ha generado un impacto significativo en la gestión municipal, dado que la dirigente del Partido del Trabajo (PT), Edith Escárcega Escontrías, suplente de Cynthia Ceballos, asumió como nueva presidenta municipal de Nuevo Casas Grandes.
Esta transición en el liderazgo municipal, en medio de acusaciones de peculado, ha despertado preocupación e incertidumbre en la ciudadanía, ya que el periodista Luis Cardona, señala que ambas mujeres son hermanas.
El hecho de que ambos cargos políticos estén ligados a la coalición Morena-PT añade una capa adicional de complejidad a esta situación. La relevancia de estos acontecimientos no solo reside en la presunta comisión del delito por parte de la alcaldesa, sino también en el impacto que esto tiene en la gobernabilidad y la confianza de la población en las instituciones locales.
Este caso no solo pone de manifiesto la importancia de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, sino que también resalta la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir y combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, garantizando así el uso adecuado y responsable de los recursos públicos de cada municipio.
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