
En memoria de los daños que causó el sismo del 19 de septiembre de 1985, el Gobierno de México decretó esta fecha como el Día Nacional de Protección Civil, un sector que pese a la titánica labor que realiza no cuenta con grandes presupuestos ni una cantidad suficiente de trabajadores para atender emergencias de todo tipo en todo el país.
De acuerdo con un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2022 había 3 mil 884 personas servidoras públicas en las unidades estatales de Protección Civil, lo que implicó un aumento de 2.3% con respecto a 2021, cuando había 3 mil 796 servidores.
Con la cifra más reciente se tiene que hay tres servidores públicos en áreas de Protección Civil por cada 100 mil habitantes, quienes además durante el año pasado tuvieron que atender 45 mil 761 emergencias entre los cuales se incluyen eventos por sismos, inundaciones, incendios, entre otros.
Además de los servidores públicos, hay quienes prestan sus servicios de manera voluntaria en alguna de las actividades que realizan las unidades de Protección, y el año pasado 13 estados reportaron 1,852 personas trabajaron voluntariamente, 37.4% más que en 2021.

Por entidades, los estados que tuvieron las tasas más altas de personal de PC fueron Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 personas servidoras públicas por cada 100 mil habitantes; mientras que en el otro lado de la moneda Hidalgo y Baja California presentaron tasas menores a uno.
Del personal de las unidades de protección civil estatales, 41.8% realizó tareas administrativas y de apoyo, principalmente en los estados de Coahuila, Puebla, Quintana Roo y Sonora. Además, el 20% de los trabajadores a nivel nacional tuvo que desempeñar también un papel de bombero y el 5.3% de paramédico.
Estados en el limbo en materia de Protección Civil
De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (LGPC), cada una de las entidades a nivel estatal debe disponer de diferentes instrumentos para la organización y planeación de las tareas como programas de PC que establezcan objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y demás recursos necesarios para la atención de la población en casos de desastre o emergencias, sin embargo, las estadísticas del Inegi arrojan que tres estados no contaban con un plan o programa (Colima, Michoacán y Querétaro).

Otro instrumento es el plan de emergencia o contingencia, con el que se busca organizar las acciones, servicios y recursos materiales y humanos para la protección de la comunidad frente a riesgos de desastre, no obstante, en el 2022 siete entidades no contaban con este (Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Sinaloa).
Por otro lado, ni Baja California y Sinaloa contaban con un Atlas de riesgos ―el sistema por el que se analiza el peligro y vulnerabilidad en la que se encuentra la población ante posibles escenarios de desastres―, que sirve para hacer recomendaciones y acciones preventivas.
Poco presupuesto

Durante 2022, las unidades Protección Civil en todo el país ejercieron 2 mil 188 millones 322 mil 639 pesos, cantidad que equivale a un promedio de 17.5 pesos por habitante a nivel nacional. Cabe precisar que este presupuesto disminuyó en términos reales en un 14.5 % con respecto a lo ejercido el año anterior a la última medición.
La unidad de PC de Chiapas ejerció el mayor monto per cápita, con 105 pesos; siguió Campeche, que erogó 83 pesos por habitante. En contraste, las unidades de Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Chihuahua, Durango e Hidalgo ejercieron menos de cinco pesos por habitante cada una.
Por otro lado, en el 2022 se reportaron siete personas servidoras públicas lesionadas durante el ejercicio de sus funciones; mientras que en seis entidades ocho trabajadores fallecieron de las cuales tres fueron reportadas en la Ciudad de México; en tanto que Baja California Sur, estado de México, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco registraron una persona muerta cada una.
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