El uso de drones para realizar ataques con explosivos por parte del crimen organizado se ha hecho cada vez más evidente en estados como Guerrero y Michoacán.
La agresión más reciente ocurrió la tarde del 10 de septiembre en la comunidad de La Ruana, cuando un artefacto explotó en medio de un evento en el que participaba Guadalupe Mora, hermano del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.
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El tema fue abordado durante la conferencia matutina del 12 de septiembre, encabezada por la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quien recordó la existencia de una iniciativa de reforma para regular el uso de estos dispositivos.
Aunque el proyecto surgió del Ejecutivo Federal, en la discusión participaron la Secretaría de Marina (Semar), la de Defensa Nacional (Sedena) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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El documento fue entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 1 de agosto de 2023 y, desde entonces, no ha habido ninguna actualización respecto a su debate en las cámaras.
¿Qué dice la iniciativa para regular el uso de drones?
La propuesta de reforma pretende adicionar el capítulo “Uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia” al Código Penal Federal y modificar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos con el fin de castigar a quienes utilicen drones —o “aeronaves piloteadas a distancia”— para atentar contra la integridad física o emocional de las personas.
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Concretamente, se incluye la propuesta de imponer entre 10 y 20 años de cárcel a quien “mediante el uso de drones arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes” y tenga el propósito de causar daño.
Uno de los principales agravantes incluidos en la iniciativa que podría aumentar la pena hasta en una mitad es el hecho de que “la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública”.
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El proyecto también considera como un uso indebido de los drones propenso a ser sancionado el hecho de provocar “alarma, temor o terror en la población”, así como cualquier acción destinada a “atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación”.
Finalmente, la iniciativa del Ejecutivo prevé aplicar castigos contra quienes utilicen estos aparatos para fotografiar, grabar audio o video y vigilar las actividades de servidores públicos.
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