CNDH confirma ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo a manos de la Sedena

A dos meses y medio de que se diera a conocer en medios de comunicación un video que mostraba a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deteniendo, sometiendo y acribillando a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que se trató de una ejecución extrajudicial.

Mediante la recomendación con folio 119VG/2023, reconoció que, a partir de un análisis del video y múltiples documentos incluidos en la respectiva carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los cinco civiles “fueron objeto de una privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por personal de la Sedena”.

En los informes de necropsia de las cinco víctimas, el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) estableció que todas murieron a causa de heridas producidas por disparos de armas de fuego, las cuales fueron ocasionadas específicamente por dos elementos del Ejército.

Quedó acreditado que [dos agentes de la Sedena] accionaron sus armas de fuego en contra de [las víctimas]; en tanto que [otro uniformado] golpeaba sin justificación a las víctimas ya desarmadas y sometidas”, asentó la CNDH a partir de las declaraciones ministeriales.

De igual forma, se constató que otro de los uniformados involucrados “fue el elemento que después de que terminara el enfrentamiento procedió a colocar armas al lado de los cuerpos de las víctimas, alterando así el lugar de los hechos antes de que llegaran las autoridades competentes”.

Con estos elementos probatorios quedó totalmente desmentida la versión oficial ofrecida por la propia Sedena e integrada en el Informe Policial Homologado (IPH), según la cual aquel 18 de mayo de 2023 los militares habían sido víctimas de una agresión durante la inspección a la camioneta en la que viajaban los cinco civiles ejecutados.

En ese entonces, el teniente de Infantería José Luis Nava Martínez —quien estaba al mando de dicha operación— sostuvo que el personal castrense le estaba proporcionando atenciones médicas de primeros auxilios al grupo de víctimas cuando “fue agredido con armas de fuego por personas de la delincuencia organizada en un intento de rescatar al personal que teníamos en el lugar”.

Por el contrario, el documento de la CNDH asentó que “no se requería el uso de las armas de fuego en contra de las víctimas, pues [...] la presunta agresión que se encontraban repeliendo [los militares] venía de la maleza, y no así de [las víctimas], quienes, al encontrarse rendidos, sometidos y desarmados, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas”.

En vista de lo anterior, la Comisión urgió a Luis Crescencio Sandoval —titular de la Sedena— y a Alejandro Gertz Manero —quien encabeza la FGR— a colaborar en la investigación iniciada en contra de 17 agentes del Ejército involucrados en el caso, así como de un miembro de la Fiscalía.

Asimismo, estableció que se debe actuar en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para brindarle atención psicológica y tanatológica a las familias de los civiles ejecutados, la cual tendrá que ser proporcionada por personal profesional ajeno a las Fuerzas Armadas.