La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación por el delito de maltrato animal, después que se hicieran virales las imágenes de Kuko, un perrito que fue golpeado y amarrado por vecinos en calles del municipio de Nicolás Romero, lo cual le habría causado la muerte.
Fue a través de una tarjeta informativa que la Fiscalía mexiquense señaló que los hechos se registraron en el condominio Aguiluchos, de la colonia Bulevares de Lago en el municipio antes mencionado.
Según la FGJEM, las primeras indagatorias, “vecinos del lugar habrían atado, sometido y causado la muerte al canino, ya que presumiblemente esta mascota había atacado a uno de ellos”.
La dependencia de justicia señaló que seguirán las investigaciones para identificar y presentar ante la autoridad competente a quien haya participado en la comisión de algún delito.
Según el medio Milenio, Kuko padecía epilepsia y en momentos de no lucidez, comenzaba a convulsionarse, lo que hacía parecer que estaba atacando a las personas, pero quienes lo conocían sabían que era inofensivo.
Vecinos se manifiestan
En la noche del 18 de agosto, vecinos salieron a manifestarse en la explanada del DIF Bulevares del Lago, contra el maltrato animal que recibió Kuko y que le ocasionó la muerte.
Por lo cual, lo manifestantes exigieron justicia a las autoridades mexiquenses y que no quede impune esta agresión, ya que en sus pancartas señalaban que el can no había escuchado la voz de su dueño a quien apoyaba, por lo cual pedían que se escuchará la voz de los vecinos a exigir justicia.
Con este caso, ya son dos casos de maltrato animal en menos de un mes en dicho municipio, ya que fueron envenenados 10 perros que estaban en situación de calle, por un trabajdor de una polleria y que las imagenes se hicieron virales.
Por esa situación la Fiscalía estatal informó que presentó ante un Juez de Control a Salvador Erineo “N”, por el delito de maltrato animal, al presuntamente haber envenenado a 10 caninos.
Además al detenido se le impuso una fianza de 30 mil pesos, el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de acercarse a los denunciantes, así como la obligación de presentarse una vez al mes al Centro de Medidas Cautelares (CEMECA), mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se dicta sentencia.
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