Cuáles fueron los argumentos de México en la demanda contra el tráfico de armas en EEUU

Este lunes el equipo legal del Gobierno de México presentó los argumentos orales para que proceda la demanda en contra de las empresas de Estados Unidos (EEUU) que comercializan armas de fuego. Esto durante la audiencia que se llevó a cabo ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal en Boston, Massachusetts.

De acuerdo con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, los abogados que representan al Gobierno de México dieron a conocer tres razonamientos para solicitar a las empresas que se conduzcan de manera responsable y así evitar el tráfico ilícito de armas.

En el primer punto se indicó que la ley que ofrece ciertas inmunidades a la industria de armas en EEUU contra demandas por responsabilidad civil “no aplica por daños ocurridos en México”.

En el segundo argumento se insitió en que si esta ley de inmunidades se aplica, entonces se tendría que analizar si es el “derecho sustantivo mexicano” el que actúa o, en cambio, es el derecho estadounidense. “Es una cuestión de conflicto de leyes”, indicó Celorio en conferencia de prensa.

“El tercer argumento es que si la ley de inmunidades aplica o es vigente para este caso, el Gobierno de México puede recurrir a ciertas excepciones que incluye esta ley”, agregó. Esto con la finalidad de que el litigio pueda proceder y se transite a la etapa de producción de evidencia.

Dichos razonamientos fueron presentados por los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy, representantes del equipo legal de México. En tanto, la defensa de la parte demandada hizo lo propio para evitar que el litigio prosiga, por lo que expuso sus alegatos ante el panel compuesto por tres jueces federales (dos hombres y una mujer).

Celorio estimó que la Corte de Apelaciones puede demorar entre seis y ocho meses en analizar los argumentos escritos y orales para poder tomar una resolución al respecto. En ese sentido, el consultor jurídico de la cancillería señaló que hay dos escenarios posibles.

“El mejor escenario es que la Corte de Apelaciones decida que el juez de primera instancia, el juez de distrito federal, erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe y que vuelva a revisar los argumentos. En el peor escenario es que le dé la razón al juez de la primera instancia”, explicó.

Independientemente de la resolución que se obtenga, Celorio calificó esta audiencia como una “muy buena oportunidad para reiterar que es importante combatir el tráfico ilícito de armas”, al solicitar a las empresas que las venden y las distribuyen que su comercio se realice de una manera transperente, responsable y con rendiciones de cuentas.

Esta demanda civil de Boston es diferente a la que se presentó en la ciudad de Tucson, Arizona. Aunque ambas tiene argumentos similares, la diferencia es que la primera está dirigida a los fabricantes de armas, mientras que la segunda tiene que ver cinco empresas en particular, es decir, que forman parte del último eslabón en la cadena de distribución.

Por lo anterior, se han formulado dos petitorios de manera concreta: uno consiste en pedir a las empresas que “modifiquen sus prácticas comerciales”, mientras que en el otro se solicita a la parte demandada cubrir los daños generados en el país por el tráfico ilícito de armas, ya que -según Alejandro Celorio- el Gobierno de México ha gastado cerca de USD 15 mil millones en responder a la violencia provocada dicho problema.