SCJN declaró constitucional acuerdo que permite a Fuerzas Armadas participar en seguridad pública hasta 2024

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó, otra vez, un acuerdo por el que se dispone que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria hasta el 2024, mientras la Guardia Nacional (GN) se consolida.

En un comunicado, el Pleno de la SCJN detalló que como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por los municipios de Colima, Colima y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como por el Gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se validó el acuerdo del Poder Ejecutivo Federal publicado en el 11 de mayo del 2020.

Por ello, se determinó que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

“La SCJN determinó que el Acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios y del Estado actores, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una materia concurrente de los tres niveles de gobierno y, por ello, no implica subordinación, dependencia o intromisión del Poder Ejecutivo Federal”, refiere el documento.

Los municipios y estados antes mencionados promovieron controversias constitucionales, demandando la invalidez del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria.

La determinación de la SCJN se da a poco más de un mes de que se declarara inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que se anulará la ley que otorga al Ejército el control operativo de la GN.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte consideró que la modificación legal para trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Sedena viola el artículo 21 de la Constitución.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por legisladores de oposición quienes impugnaron el traslado operativo y administrativo de la GN.

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que era muy evidente la inconstitucionalidad de la reforma.

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos, su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, señaló en su ponencia el 18 de abril.

En el caso de los ministros que defendieron la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por Morena, como el ministro Arturo Zaldívar justificó que la GN no perdería su carácter civil de incorporarse a la Sedena, porque “se mantiene el carácter, la naturaleza civil y se mantiene la adscripción a la SSPC”.

Ante la resolución, el Gobierno de México prometió al personal de la GN que conservarán todas las prestaciones sociales a las que la actual administración del presidente López Obrador se había comprometido.

Los Integrantes del gabinete de seguridad realizaron una plática con personal del nuevo cuerpo de seguridad pública. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela González detalló que en otros países la consolidación de las guardias nacionales han tardado de 70 a 200 años, mientras que en México se está logrando en cuatro años, gracias a la responsabilidad que tienen los elementos de este organismo.

La titular de la SSPC adelantó que la corporación, ahora dependiente de su administración, seguirá creciendo con más cuarteles, capacitación y ascensos para garantizar la cobertura de seguridad de la población.