Incendio en estancia migratoria de Ciudad Juárez ocurrió pese a millonarias inversiones del INM en seguridad

Con la publicación de diversos contratos celebrados entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y distintas empresas de seguridad se planteó la posibilidad de que, además de la negligente actuación del personal de custodia, hubiera algunas irregularidades en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que un incendio provocó la muerte de 39 personas.

Según una serie de licitaciones y contratos consultados por El Universal, los inmuebles del INM debían contar con un sistema contra incendios, así como elementos para combatir conflagraciones. Esto, debido a que en 2022 la agencia de gobierno invirtió en 2022 más de 53 millones de pesos para adquirir un servicio integral en esta materia.

La licitación AA-004K 00001-E21-2022, emanada de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, especificó que, mediante adjudicación directa, la empresa J+C Mexicana de Comercio y Construcción S.A. de C.V. recibió un contrato por 53 millones siete mil 152 pesos.

Los documentos citados por el medio indicaron que el servicio que contemplaba la recarga y mantenimiento preventivo y correctivo en extintores e hidrantes para todas las instalaciones del INM tuvo vigencia del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022.

Pese al monto que presuntamente estaría destinado a incluir medidas para controlar fuegos pequeños y evitar su propagación, la estancia de Ciudad Juárez no contaba con ellas. En los videos del día de la tragedia, validados como auténticos por las autoridades, no fue posible determinar la presencia de equipo básico contra incendios.

Aunado a ello, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el contrato CS/INM/018/2023, con el que el INM adquirió los servicios de Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V.

Tal documento reveló que en la celebración del contrato estuvieron involucrados Abraham Ezequiel Zurita Cadepont —en su labor como director General de Administración— y Jesús Manuel De la O Pacheco —director de Recursos Materiales y Servicios Generales—.

A cambio la prestación del servicio de “seguridad y vigilancia para los inmuebles del INM en las oficinas de representación” en 23 estados del país en el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, el Instituto se comprometió a pagarle a Camsa una cifra mínima de 76 millones de pesos, la cual podía elevarse hasta llegar a los 190 millones de pesos.

De la O Pacheco, debido al cargo que ocupa dentro del Instituto, fue el funcionario asignado para darle seguimiento y verificar “el cumplimiento de los derechos y obligaciones” asentados en el contrato.

Aparentemente, cinco elementos de Grupo Camsa estarían en la lista de presuntos responsables del incendio que causó el fallecimiento de 39 migrantes en la estancia del Puente Internacional Lerdo Stanton.

Hasta el momento en que fue publicada esta nota, sólo uno de los guardias de seguridad privada, identificado como Adán “N”, ha sido vinculado a proceso por su presumible participación en los delitos de homicidio doloso y lesiones.

Aunado a la cuestionable labor de los encargados de seguridad y vigilancia en Ciudad Juárez, Grupo Camsa resalta también por otras irregularidades reconocidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pues sólo contaba con el registro de cuatro agentes con 10 uniformes, a pesar de que el contrato con el INM era por 503 elementos.

Finalmente, se dio a conocer que Camsa, registrada comercialmente como Grupo Tank, “no cuenta con permiso de portación de armas” y no cumplió con su obligación de reportar altas o bajas de personal en los informes mensuales.