“La política migratoria mata”: activistas responsabilizaron al gobierno de AMLO por incendio en Ciudad Juárez

Después de que funcionarios como Adán Augusto López Hernández se deslindara de toda responsabilidad respecto a la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que 38 migrantes murieron a causa de un incendio en la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, colectivos activistas señalaron que lo ocurrido sería responsabilidad del Gobierno Federal.

Lo anterior, debido a que las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, así como la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), reveló la “ausencia de protocolos y [de] una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo”.

En este sentido, criticaron que las autoridades utilizaran palabras como “alojamiento” o “albergue” para referirse a las instalaciones en donde ocurrió el incendio, pues la finalidad “real” de las estancias migratorias es “privar de la libertad a personas en situación de movilidad”.

Así, utilizar eufemismos a manera de cambiar la percepción de cómo operan tales estaciones significaría un intento por “minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM” sobre la protección que debería brindar. Sumado a ello, criticaron el énfasis que se ha realizado desde la administración federal en la realización de una protesta como la causa de lo sucedido, pues ello implica “especular y revictimizar”.

“Las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes”, pudo leerse en el pronunciamiento firmado por Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y otras 209 organizaciones activistas.

Adicionalmente, las entidades firmantes acusaron que el incendio en Ciudad Juárez ocurrió después de un operativo de las autoridades municipales y federales, el cual “criminaliza” a las y los migrantes.

Cabe destacar que la presencia de personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez tuvo una mayor notoriedad a partir de noviembre de 2022, cuando la Guardia Nacional desalojó un campamento de cientos de migrantes (los cálculos estimaron que pudo haber hasta 700 personas), lo cual hizo que se distribuyeran a lo largo de toda la ciudad fronteriza.

Ante esto, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que garantice el acceso a los servicios de salud para los lesionados, así como que facilite “las gestiones necesarias” para las familias afectadas.

Pidieron, además, que asuma los costos de repatriación de los cuerpos y realice las investigaciones conducentes que permitan identificar a las personas funcionarias públicas responsables de las 38 muertes, “garantizando que no quede en impunidad”. Igualmente, solicitaron la destitución inmediata de Francisco Garduño Yáñez, comisionado actual del INM.

Respecto al Instituto, las organizaciones civiles demandaron que haya “garantías eficaces” de no repetición, así como la no contratación de personal militar o con antecedentes en las Fuerzas Armadas para las estaciones migratorias y los centros provisionales.

Para el Congreso de la Unión, específicamente las comisiones de Asuntos Migratorios de ambas cámaras, la exigencia fue legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorios, así como la erradicación de palabras como “presentación” y “alojamiento” en la Ley de Migración, pues “invisibiliza la práctica de detención migratoria”.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Municipal de Juárez para cesar los operativos de detención y separar de sus funciones a las autoridades que han participado en acciones para detener a familias migrantes.

También pidieron que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ofrezca una disculpa pública “por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año”.

Al concluir su pronunciamiento, las más de 200 organizaciones calificaron de inhumanas las formas en las que el Gobierno de México ha procedido en contra de la población migrante, pues se basa en una lógica de detenciones arbitrarias, sistemáticas y violatorias de derechos. “La política migratoria en México, mata”, sentenciaron.