
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 677 demandas contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con esto, suman 927 quejas que no proceden contra la iniciativa presidencial.
A través de un comunicado oficial, el Tribunal electoral informó este miércoles 15 de marzo que los más de 650 recursos fueron contra la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y las modificaciones a diversas disposiciones del ramo electoral; sin embargo, no prosperaron.
De acuerdo con los demandantes, la aprobación del Plan B en el Congreso de la Unión: i) vulneran sus derechos político-electorales, ii) son regresivos en materia de derechos fundamentales y iii) inciden en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tras analizar las cientos de demandas, la máxima autoridad electoral estableció que no puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas porque “en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales por su sola entrada en vigor, es decir, sin un acto concreto de aplicación”.

Además, se consideró que el TEPJF carece de facultades para analizar normas en abstracto sin que éstas se aplicaran mediante algún acto. En consecuencia, no se estudiará el problema jurídico planteado en esas demandas. Es decir, las denuncias se desecharon porque no se advierte ninguna afectación en concreto que le permita al Tribunal promover un control de constitucionalidad.
Finalmente, se sostuvo que el acuerdo del INE tampoco constituye un acto de aplicación del decreto de reforma, pues aún no se definió quiénes serán los afectados con motivo de la reforma en Materia electoral (SUP-AG-69/2023 y acumulados, SUP-JE-318/2023 y acumulados, así como SUP-JE-284/2023 y acumulados).
A esto se suma los centenares de desechamientos que ocurrieron con anterioridad en el TEPJF en relación a las otras 250 demandas que promovieron algunos opositores contra el Plan B de AMLO, esto al considerar que la Reforma Político-electoral del presidente transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Cabe recordar que la iniciativa que se aprobó en el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República) no modifica la Constitución, sino la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME) y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (ACGINE).

De la 250 demandas de aquella ocasión, 241 eran del juicio electoral 27 del 2023, que estaba promovida por trabajadores del INE que supuestamente veían vulnerados sus derechos laborales; mientras que las otras nueve restantes, que venían en el asunto general 32 del 2023, fueron promovidas por personas que se identificaron como ciudadanos interesados.
Asimismo, al igual que en esta determinación, se especificó que existe un obstáculo de carácter procesal, pues no pueden emitir fallos en favor de quejas sobre circunstancias que no han ocurrido, en otras palabras, dado que del decreto aludido no se advertía un acto de aplicación o una afectación inmediata que permitiera al Tribunal desplegar un control concreto de constitucionalidad, pues se carece de facultad para atender las demandas.
Y todo esto se suma a otra determinación del TEPJF en favor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues el Tribunal revocó por unanimidad un acuerdo promovido por el Consejo General del INE en el que se modificaban las estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), ya que el colegiado consideró que es atributo exclusivo de los Institutos electorales locales realizar dichas modificaciones.
El 29 de noviembre de 2022, el Consejo General del INE promovió una modificación al Reglamento de Elecciones del Instituto, el cual incidiría en los OPLEs; sin embargo, Morena promovió una queja ante el TEPJF para manifestar que el organismo a cargo de Lorenzo Córdova vulneró los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, misma que prosperó y ahora el INE deberá de dar marcha atrás.
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