Provincia italiana le declara la guerra a los excrementos de perros: dueños deberán pagar por pruebas de ADN

La peculiar iniciativa busca castigar a los irresponsables dueños de mascotas que ensucian la vía pública

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El Gobierno de la provincia
El Gobierno de la provincia de Bolzano buscará arrancar de raíz la problemática de los excrementos caninos en la vía pública a través de esta inusual medida. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Gobierno de la provincia de Bolzano, en Italia, está tomando drásticas medidas para erradicar la creciente problemática de los excrementos de perros en las calles. Las autoridades obligarán a los dueños a realizar pruebas de ADN a sus mascotas.

Los resultados serán ingresados a una base de datos, a la que la policía podrá acceder para buscar a los culpables de ensuciar la vía pública e imponer a sus dueños multas de entre 50 y 500 euros.

Aquellos dueños que se nieguen a realizar las pruebas de ADN se harán acreedores a una multa de entre 292 y 1.048 euros. Con ésta curiosa medida, las autoridades esperan agilizar el proceso de búsqueda y castigo de todos los amos irresponsables.

Medidas desesperadas para un problema creciente

Los resultados se ingresarán a
Los resultados se ingresarán a una base de datos a la que la policía tendrá acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae).

En un principio, los dueños de mascotas tenían una fecha límite para realizar las pruebas de ADN antes del 31 de diciembre de 2023, pero únicamente 5.000 animales fueron registrados, un número muy bajo considerando que existen cerca de 40.000 perros en la zona.

La iniciativa nació gracias a que el Gobierno de Bolzano recibe al año “cientos” de quejas de ciudadanos sobre la gestión inadecuada de terrenos públicos y más de la mitad de estos problemas son ocasionados por perros, declaró Paolo Zambotto para la agencia de noticias Reuters.

Asimismo, la nueva ley ayudará a la policía a agilizar el trabajo de búsqueda de todos los dueños irresponsables que en el pasado no recibían un castigo adecuado por la ineficiente metodología de la policía.

“La policía sólo pudo atrapar a tres o cuatro de ellos (infractores) porque tienen que ir al lugar y establecer algún tipo de vigilancia”, expresó Zambotto.

Dicho registro será obligatorio a partir de finales de marzo. Los dueños deberán realizar análisis de sangre a sus perros en refugios caninos municipales o clínicas veterinarias privadas. Se estima que el procedimiento tiene un costo aproximado de entre 65 y poco más de 100 euros.

Las autoridades aseguran que esta iniciativa tendrá otros usos como identificar a aquellas mascotas que ataquen a otros animales de compañía o gente y para informarles si sus amigos peludos sufrieron un fatal destino a causa de accidentes de tráfico.

Las polémicas detrás de la inusual medida

Muchas personas se oponen a
Muchas personas se oponen a la nueva iniciativa, ya que consideran que es algo innecesario y que la policía local tiene "muchas más cosas que hacer". (Imagen Ilustrativa Infobae).

Arnold Schuler, consejero regional responsable de la región de Alto Adigio, declaró para el medio local Il Giornale que otras zonas mostraron interés en la iniciativa y que el Ministerio de Roma se ocupará de la aplicación de la Ley.

Sin embargo, la iniciativa desató la controversia entre los dueños de mascotas. El costo de las pruebas, que va de entre los 65 hasta los más de 100 euros debe ser cubierto por ellos y no el Gobierno. Dicha ley a su vez excluye a los perros de los turistas que visiten la región.

“Es fácil decirlo, pero hacerlo no es nada sencillo”, exclamó Madeleine Rohrer, integrante del partido local Verdi, y agregó que la iniciativa sólo supondrá un gasto adicional para el municipio, además de que la policía local “tiene mucho más que hacer”.

Por otro lado, miembros de asociaciones protectoras de animales se mostraron en contra de la nueva iniciativa. Filippo Maturi, presidente de Assopets, organización que vela por los derechos de los dueños de mascotas, declaró para el medio local Alto Adige que la ley es injusta y que no resuelve el problema, por el contrario suma un inconveniente más: el enorme costo de gestión que el Gobierno deberá absorber.

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