
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, propuso al juez federal Daniel Rafecas para incorporarse a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un cargo para el que concursó en 2018. Es el primer paso de un proceso que requiere la aprobación final del presidente Javier Milei y el posterior envío del pliego al Senado de la Nación para su correspondiente debate y votación.
De consolidarse este nombramiento, se vaciará otro juzgado de instrucción en los tribunales de la avenida Comodoro Py, lo que otorgará al Poder Ejecutivo la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en un área estratégica donde se tramitan las principales causas por presunta corrupción pública.
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En caso de que se concrete la salida de Rafecas, se profundizará la falta de jueces titulares en el fuero federal: cinco de los doce juzgados quedarían desocupados, una situación que sobrecargará el esquema de suplencias temporales —conocidas técnicamente como subrogancias— mediante el cual un solo magistrado debe hacerse cargo de múltiples dependencias de forma simultánea.

Rafecas es titular del Juzgado Federal N° 3. Subrogó hasta octubre el Juzgado Federal N° 6. También de manera transitoria, el magistrado asumió la conducción del Juzgado Federal N° 8 debido a la licencia de su titular, Marcelo Martínez De Giorgi.
En esta última dependencia radica la causa judicial vinculada a la criptomoneda $LIBRA, un expediente de alta sensibilidad pública que involucra al propio presidente de la Nación. Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros imputados.
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Las causas que cambiarían de manos
La partida del magistrado obligaría al Poder Judicial a reorganizar las suplencias vigentes y a redistribuir expedientes de gran relevancia pública. Entre las investigaciones que se encuentran bajo su órbita destaca la causa por el atentado terrorista a la AMIA, en la cual recientemente se dictó el procesamiento de ocho ciudadanos de origen iraní y libanés acusados de participar en el ataque.

Asimismo, el juzgado N° 3 lleva adelante la instrucción del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial Francisco Adorni, así como la causa por supuesta violencia de género iniciada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.
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Durante el mandato de Fernández, el nombre de Rafecas también se barajó como candidato para ocupar la Procuración General de la Nación, pero su postulación naufragó por cuestiones políticas.
De realizarse este movimiento de piezas, coincidiría con las intenciones del Poder Ejecutivo de implementar una reforma estructural en el fuero federal, orientada a reducir a ocho la cantidad de juzgados de primera instancia en Comodoro Py. Si bien este proyecto requiere la aprobación del Congreso de la Nación, la eventual reducción concentraría las decisiones en los magistrados titulares, aunque la vacante que dejaría Rafecas requeriría de todos modos el nombramiento de un reemplazante.
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Bajo la gestión de Mahiques en la cartera de Justicia, el Gobierno nacional comenzó a plasmar su impronta en los tribunales federales. El hito más relevante hasta la fecha consistió en la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada encargado de revisar las resoluciones de los jueces de primera instancia. En ese ámbito, el oficialismo logró consolidar las designaciones de Pablo Yadarola, quien provenía del fuero Penal Económico, y de Pablo Bertuzzi, quien ya integraba la Sala I bajo la modalidad de traslado y no contaba con estabilidad definitiva en el cargo.
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