La salida de Flávio Bolsonaro desde la provincia de Misiones hacia Estados Unidos puso bajo la lupa si nuestro país debía impedir su partida por las medidas judiciales vigentes en Brasil o si no contaba con herramientas legales para hacerlo.
El punto decisivo no es solo que el exsenador haya cruzado la frontera, sino cuándo ocurrió ese tránsito y si las restricciones dictadas en Brasil ya habían sido notificadas y estaban vigentes en los controles fronterizos argentinos.
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Los especialistas consultados por Infobae coincidieron en que las autoridades argentinas no podían impedir el viaje sin una orden de captura brasileña o una alerta roja de Interpol. Señalaron que la medida vigente en Brasil era una prohibición de salida, cuya notificación a las autoridades locales no estaba acreditada.
El constitucionalista Félix Lonigro explicó que las autoridades argentinas no tenían intervención si Brasil no había enviado un pedido de captura.
El abogado penalista integrante de Usina de Justicia, Fernando Soto, sostuvo que Bolsonaro podía viajar porque no tenía una restricción de libertad vigente en Argentina y planteó que la medida brasileña pudo haber sido apelada, no estar vigente o incluso no haber sido comunicada.
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Por su parte, el especialista en derecho constitucional Juan Sola señaló que no había un delito cometido en Argentina ni una notificación dirigida a sus autoridades, por lo que impedirle el ingreso o la partida habría sido imposible.
En tanto, el abogado y profesor en Derecho Pablo Mimili precisó que se podría hablar de presunto encubrimiento ante el caso de que Brasil hubiese notificado a Interpol que buscaba al exsenador, y de ese modo, ningún país podría permitir su ingreso o salida.
A todo esto, desde la Dirección Nacional de Migraciones aseguraron que el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro no presentaba impedimentos legales para ingresar a nuestro territorio, ni los agentes argentinos contaban con una orden que justificara una retención en Iguazú.
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La controversia
Tras perder la segunda vuelta presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva, el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes dictó medidas cautelares contra Flávio Bolsonaro.
Entre esas disposiciones figuraban la prohibición de salir de Brasil, la anulación de sus pasaportes brasileños y la obligación de entregar otros documentos de viaje que pudiera tener. El senador también habría recibido una prohibición para comunicarse con otros investigados en causas de corrupción.
La controversia surgió porque Bolsonaro cruzó hacia Argentina y desde allí tomó un vuelo a Norteamérica. Esa secuencia abrió el debate sobre la eficacia de los controles brasileños y sobre el conocimiento que pudieron tener las autoridades argentinas.
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Sin un pedido de captura o alerta internacional, el Estado argentino entendió que no contaba con un instrumento jurídico que habilitara restringirle la libertad.
Según las fuentes consultadas, la existencia de una medida cautelar no garantiza por sí sola que una nación vecina pueda ejecutarla sin una notificación formal o una alerta internacional incorporada a sus sistemas.
Flávio Bolsonaro arribó a Miami, Estados Unidos, en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hacia Florida. Antes había ingresado brevemente a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas.
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En Brasil enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.
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