La Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó en su portal de subastas diversos activos pertenecientes a Austral Construcciones S.A., la empresa constructora que perteneció al empresario Lázaro Báez, quien cumple 15 años de prisión por sus condenas en las causas “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”. El remate forma parte de la restitución de bienes derivada del proceso de quiebra de la firma, el cual tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28.
Entre los vehículos y propiedades que se ofrecen se destacan seis camionetas Chevrolet S10, de las cuales la más económica —y por ende, en peor estado— presenta un valor base de $2.200.000.
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“Todas las llantas oxidadas. Pisos en mal estado. Piso de la caja de carga oxidado y roto y cobertor plástico levantado. Barrales antivuelco, faltantes. Motor con faltantes. Sin la batería. En mal estado de conservación. Se encuentra ubicado en la IV Brigada Aérea El Plumerillo, sita en Av. Fuerza Aérea Argentina Km 7,5; El Plumerillo, Dto. Las Heras, Pcia. de Mendoza”, precisa la descripción del bien que puede consultarse en la página del máximo tribunal.
Desde la quiebra de Austral Construcciones, los artículos estuvieron años sin mantenimiento ni uso. Luego fueron cedidos a la Fuerza Aérea, donde fueron reacondicionados y puestos en servicio al menos por un tiempo.
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Asimismo, en la subasta se incluyó un furgón Mercedes Benz Sprinter con una cotización inicial de $5.100.000 y un utilitario Renault Máster tasado en $7.200.000.
La oferta pública también abarca once módulos habitacionales de la marca Tecnimet, que operaban como obradores viales al costado de las rutas. Estas estructuras metálicas prefabricadas, similares a contenedores de chapa con aislamiento térmico, aberturas e instalación eléctrica, se distribuyeron en dos lotes diferentes: uno compuesto por cuatro unidades -$2.000.000- y otro por las siete restantes -$3.500.000-.
Actualmente, todos estos bienes muebles se encuentran bajo la custodia de la Fuerza Aérea. Las publicaciones oficiales de la subasta detallan el estado de conservación de cada lote y especifican la ubicación geográfica exacta donde se hallan depositados para que los interesados puedan verificar sus condiciones.
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A tres días de publicadas las ofertas, ningún bien supera los diez postores inscriptos.
La plataforma de subastas judiciales en línea fue creada en el año 2025 mediante una acordada que llevó las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal diseñó este sistema digital con el propósito de otorgar transparencia a los remates, ampliar la concurrencia de oferentes, asegurar el anonimato de los participantes y posibilitar la intervención de ciudadanos de todo el territorio nacional sin requerir intermediarios.
La quiebra de la constructora de Báez se decretó en 2018, un año después de que se iniciara el expediente judicial en 2017. Durante el período comprendido entre 2003 y 2015, la compañía concentró la mayor parte de la obra pública vial ejecutada en la provincia de Santa Cruz. A lo largo de este extenso proceso de liquidación, que acumula aproximadamente 45 incidentes de venta concentrados principalmente en Río Gallegos, la mayor parte del patrimonio de la firma se enajenó con el fin de saldar las deudas con los acreedores.
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Previamente, la justicia comercial concretó otras ventas de activos de la empresa. En abril de 2024, se remataron maquinarias viales pesadas —tales como motoniveladoras, excavadoras y palas cargadoras— junto con un semirremolque y otros rodados. Posteriormente, en septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes pertenecientes al antiguo Obrador Central de Río Gallegos, mientras que en febrero de 2026 se abrió una convocatoria para mejorar ofertas por un inmueble situado en esa misma localidad santacruceña por un valor de 200.000 dólares.
La liquidación de los activos remanentes de Austral Construcciones genera disputas entre diferentes fueros judiciales. Además del juzgado comercial, el Tribunal Oral Federal N° 2 —que condenó al empresario en la causa “Vialidad”— y el Tribunal Oral Federal N° 4 —a cargo de la “Ruta del dinero K”— pretenden ejecutar los bienes que aún quedan en pie.
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Los decomisos ordenados en la causa Vialidad aún están pendientes de resolución. Máximo y Florencia Kirchner intentaron suspender, hasta ahora sin éxito, la orden judicial para que incauten parte de sus posesiones.
Todo este proceso apunta a cumplir con la condena solidaria fijada en 685.000 millones de pesos. El TOF N° 2 aprobó la ejecución de 84 propiedades inmuebles, ubicadas mayoritariamente en la provincia de Santa Cruz.
En la Ruta del Dinero K, las autoridades judiciales buscan recuperar una suma mínima de 61 millones de dólares. Bajo este expediente ya se vendieron dos aeronaves: un Learjet y un Rockwell Commander. Desde diciembre de 2025, la Corte Suprema transfirió al Estado nacional más de 60 millones de dólares.
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