Un jubilado cayó en una trampa digital, le vaciaron la cuenta y demandó al banco: la Justicia ordenó indemnizarlo

Un juzgado civil y comercial de La Plata condenó a una entidad bancaria estatal bonaerense a restituir $1,79 millones a un cliente que denunció haber sido víctima de una maniobra de fraude digital. La sentencia de primera instancia también ordenó el pago de $2 millones por daño moral y fijó una multa civil de $1,5 millones, más intereses y costas.

El expediente se originó a partir de una operación registrada el 11 de octubre de 2022 en una caja de ahorro. Según sostuvo el demandante, el movimiento redujo el saldo de su cuenta de $1.794.056,20 a apenas $4.056,20. El dinero fue transferido a una cuenta virtual perteneciente a un tercero con quien no acreditó haber tenido relación previa.

De acuerdo con la demanda, el hombre, de 76 años, había ingresado el día anterior a la plataforma de banca electrónica para pagar servicios y una tarjeta de crédito. Esa última gestión se canceló dos veces, por lo que decidió postergarla. Al día siguiente recibió un correo electrónico que aparentaba provenir del banco y que advertía sobre un supuesto inicio de sesión inusual.

El mensaje indicaba que la cuenta había sido suspendida y ofrecía un enlace para completar una verificación. El reclamante afirmó que esa dirección lo llevó a una página que reproducía la imagen, los logotipos y el diseño del sitio oficial de banca electrónica, donde ingresó sus credenciales de acceso.

Luego, según relató, recibió una notificación por una operación de $1,79 millones. El movimiento quedó asentado como un débito inmediato, conocido como DEBIN, con destino a una cuenta virtual. El cliente negó haber autorizado esa disposición de fondos y se comunicó con el banco para denunciar lo ocurrido.

La resolución también tomó en cuenta una denuncia penal presentada ese mismo 11 de octubre de 2022. En esa causa se incorporaron mensajes de WhatsApp enviados desde un número desconocido, en los que una persona se presentó como integrante del área de seguridad de la entidad y pidió el código de validación de seis dígitos.

La entidad financiera sostuvo que la transacción se realizó mediante el canal de banca por internet, con usuario, clave y un segundo factor de autenticación. Afirmó que no existió una intrusión en sus sistemas y atribuyó el hecho al ingreso voluntario de datos confidenciales por parte del usuario en una página ajena al banco.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 4 de La Plata consideró acreditado que la operación utilizó credenciales vinculadas con la cuenta del demandante. Sin embargo, señaló que ese elemento solo demostraba una autenticación formal y no permitía concluir que la orden hubiera sido emitida por el titular de los fondos.

Para la magistrada, la secuencia encuadró en una maniobra de phishing bancario, una modalidad de fraude que busca obtener claves y códigos de seguridad mediante correos, sitios apócrifos y mensajes que imitan comunicaciones oficiales. La sentencia remarcó que el uso de datos auténticos obtenidos bajo engaño no equivale, por sí mismo, a un consentimiento válido.

Una pericia informática aportó otro elemento central para el fallo. El experto no pudo identificar alertas automáticas, semiautomáticas o manuales que hubieran detectado la operación como sospechosa, bloqueado su curso o demorado preventivamente la salida del dinero.

El informe también indicó que los registros técnicos remitían a una dirección IP asociada con un proveedor de internet radicado en Ecuador. La sentencia aclaró que ese dato no permitía establecer con certeza el lugar físico desde donde se ejecutó la operación, aunque sí señaló que no existía una vinculación entre esa conexión y los dispositivos o la ubicación habitual del demandante.

La jueza valoró que la transferencia consumió casi todos los fondos de la cuenta y se dirigió a un destinatario sin relación acreditada con el usuario. A su criterio, esas circunstancias justificaban una verificación adicional, una alerta preventiva o una demora antes de confirmar la operación.

El fallo citó reglas del Banco Central de la República Argentina que exigían controles sobre montos, saldos habituales, frecuencia de operaciones y características de los destinatarios. Según la pericia, el sistema de la entidad no cumplía de manera completa con las exigencias de monitoreo y control requeridas para detectar patrones irregulares.

La resolución concluyó que el banco no probó una causa ajena que lo eximiera de responsabilidad. Entendió que el engaño sufrido por el cliente funcionó como una condición aprovechada por terceros, pero no alcanzó para interrumpir por completo el vínculo entre el daño y las deficiencias de seguridad del servicio digital.

En ese marco, declaró que la operación era ineficaz frente al demandante por falta de consentimiento atribuible a su persona. El banco deberá devolver los $1,79 millones con intereses desde el 11 de octubre de 2022, abonar $2 millones por daño moral y pagar una multa civil de $1,5 millones si la sentencia queda firme.