La Corte Suprema de Justicia dejó avanzar el juicio oral contra el ex diputado nacional por Chubut Santiago Nicolás Igon, acusado de aceptación de dádiva por haber recibido una vacuna contra el Covid-19 en febrero de 2021, cuando la campaña de inmunización todavía estaba concentrada en grupos prioritarios. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible una queja de la defensa que buscaba cerrar la causa mediante una reparación económica.
Igon nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y ocupó una banca en la Cámara de Diputados entre 2015 y 2023. Durante su primer mandato integró el Frente para la Victoria, y en el segundo, el Frente de Todos, siempre dentro del espacio político de La Cámpora. En su último mandato integró las comisiones de Derechos Humanos, Energía, Trabajo, Minería y Seguridad Interior, y fue secretario en las de Prevención de Adicciones e Intereses Marítimos.
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Tenía 43 años cuando recibió la primera dosis de Sputnik V, el 17 de febrero de 2021, en el Hospital Zonal de Esquel. En los registros oficiales figuró como “personal de salud”, aunque entonces ejercía como legislador nacional. Para ese momento, Chubut todavía no había completado la vacunación del personal sanitario ni de los residentes de geriátricos.
El episodio ocurrió un día antes del operativo realizado en dependencias del Ministerio de Salud de la Nación que luego derivó en la investigación conocida como “Vacunatorio VIP”, tramitada en los tribunales federales de Comodoro Py.
El expediente contra Igon se inició a partir de una denuncia presentada por el médico Fernando Urbano ante la Procuración General de Chubut. El planteo fue derivado a la Justicia federal de Esquel, donde se requirió información oficial sobre el operativo.
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El entonces diputado sostuvo que se había inscripto para vacunarse y que presentaba problemas de salud. En el sistema “Vacunate Chubut” había informado obesidad y diabetes como factores de riesgo. La acusación sostuvo, en cambio, que al concurrir al hospital invocó su condición de legislador nacional y que esa circunstancia habría incidido en el acceso anticipado a la vacuna.
La investigación también alcanzó a Carlos Emiliano Biondo, quien tenía responsabilidades de supervisión sobre el operativo. El juez federal de Esquel Guido Otranto procesó a ambos y la decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
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Una vez elevada la causa a juicio, la defensa del exlegislador propuso una reparación integral para extinguir la acción penal y cerrar la causa: pagar alrededor de $3 millones al Hospital Zonal de Esquel. En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia aceptó esa salida procesal alternativa.
La fiscalía se opuso y recurrió ante la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto la propuesta económica ofrecida. Casación ponderó los antecedentes del expediente, la oposición fiscal y los fundamentos utilizados para extinguir la acción penal.
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La defensa de Igon, a cargo de los abogados Julio Bravo y Walter Reinoso, intentó entonces llevar el caso ante el Máximo Tribunal mediante un recurso extraordinario y, después de su rechazo, presentó una queja directa.
La Corte desestimó esa presentación por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, tras esa decisión, el expediente continuará su trámite ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá avanzar con el juicio.
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