
En un acto celebrado en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las máximas autoridades del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos destacaron la puesta en marcha de sistema acusatorio en dicha jurisdicción. El nuevo régimen procesal, que comenzará a regir este lunes 21 de septiembre, representa una transformación profunda en la administración de justicia de un territorio estratégico que abarca a 45 distritos bonaerenses, con una población superior a los 6 millones de habitantes.
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, coincidieron en resaltar la gestión del Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Juan Bautista Mahiques, para proveer los recursos, la infraestructura y las designaciones necesarias para este cambio de paradigma.
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Aunque no pudo asistir de forma presencial por razones de agenda, Rosatti envió una carta formal al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Vallefín, para expresar su apoyo y detallar el impacto de la reforma.
El presidente del máximo tribunal calificó este paso como un “momento bisagra para la justicia federal de La Plata”. En su misiva, el magistrado ponderó la labor conjunta de las diversas instituciones y agradeció especialmente la gestión del ministro de Justicia para la cobertura de vacantes.

Además, enfatizó que las condiciones estructurales están dadas y que el éxito del nuevo modelo procesal recae ahora sobre los operadores del sistema: “Depende ahora de los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados para que este momento sea, además, una nueva etapa que se traduzca en una mejora en el servicio que brindamos a la sociedad. En este punto no hay opción para retroceder”.
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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, remarcó que la transición hacia el sistema adversarial no se limita a un mero reemplazo de normas, sino que exige una profunda reestructuración interna para el Ministerio Público Fiscal.
Casal agradeció el soporte tecnológico y edilicio brindado por la cartera de Justicia, mencionando la entrega de licencias de software UFED para investigaciones digitales y la asignación de una nueva sede unificada para la Unidad Fiscal de La Plata.
Durante su discurso, el jefe de los fiscales afirmó: “Este proceso, para nuestra institución, lleva numerosos desafíos, que hacen que esta transición represente mucho más que el simple reemplazo de un sistema procesal por otro. Es decir, exige para el Ministerio Público Fiscal emprender una verdadera transformación institucional, que implica fundamentalmente romper con una tradición histórica de organización refleja al Poder Judicial”.
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Asimismo, el procurador valoró el esfuerzo de los integrantes del organismo en las instancias de capacitación y abogó por la aplicación del artículo 33 de la Ley de Implementación para transferir recursos humanos desde el Poder Judicial hacia los ministerios públicos, buscando mitigar las asimetrías de personal.
Por su parte, el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín, analizó el impacto de la reforma desde la perspectiva de la asistencia legal a los sectores vulnerables. El funcionario vinculó la implementación del sistema acusatorio con la incorporación de herramientas tecnológicas modernas, como la digitalización y la inteligencia artificial, que transformarán el ejercicio profesional.
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Langevín detalló que la Defensoría General de la Nación diseñó una estrategia específica para La Plata, adaptada a su alta densidad poblacional y a la presencia de grandes complejos penitenciarios. Para ello, se crearon dos nuevas dependencias especializadas: una unidad de ejecución penal y otra destinada a la protección de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida.
“El éxito de la implementación no debe medirse únicamente con la capacidad de celebrar audiencias o cumplir cronogramas. El verdadero parámetro será nuestra capacidad para garantizar una tutela judicial efectiva y, en particular, desde nosotros, desde el Ministerio Público de la Defensa, una asistencia temprana, continua y eficaz a quienes requieran nuestros servicios”, evaluó Langevín.
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Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, aportó la perspectiva de la judicatura y recordó que el sistema acusatorio ya se encuentra plenamente vigente en otras once jurisdicciones del país desde el año 2019. El magistrado explicó que la experiencia acumulada en esos distritos debe ser el insumo principal para resolver los desafíos particulares de La Plata.

Barroetaveña elogió la gestión del ministro Mahiques en la cobertura de vacantes de magistrados y detalló las medidas adoptadas por el tribunal de casación para dar cumplimiento a la normativa vigente.
“El desafío consiste justamente ahora en aprovechar la experiencia de las otras jurisdicciones y al mismo tiempo comprender las particularidades propias, nada más y nada menos, de esta jurisdicción, la jurisdicción de La Plata, con todo lo que eso implica”.
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Adecuación edilicia y tecnológica
Para hacer viable la aplicación del nuevo código a partir de este lunes, el Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó las obras de infraestructura necesarias en diversas localidades de la jurisdicción. Los trabajos de readecuación permitieron habilitar ocho salas de audiencia equipadas con sistemas de audio y video provistos por el Ministerio de Justicia.
Estas salas y oficinas judiciales se distribuyeron en dependencias de las ciudades de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó. Las tareas incluyeron mejoras en las instalaciones eléctricas, colocación de luminarias, equipos de climatización, pintura general y medidas de seguridad. Asimismo, se inició la renovación del parque informático con la entrega de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y 35 al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.
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