Con motivo de cumplirse el primer año de detención de Cristina Fernández de Kirchner, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu firmó una resolución que formaliza la continuidad de la prisión domiciliaria en su vivienda de San José 1111, para cumplir la condena de seis años de cárcel en la causa Vialidad.
La decisión, que forma parte de un procedimiento habitual, se basó en informes de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que constataron que las únicas alertas del sistema de monitoreo entre el 16 de marzo y el 15 de junio de 2026 corresponden a salidas autorizadas y que el control de geolocalización no se interrumpió.
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El magistrado, integrante del Tribunal Oral Federal 2, recordó que la condena se cumple bajo arresto domiciliario desde el 17 de junio de 2025, con vigilancia electrónica y reglas específicas de conducta y respeto al vecindario.
A su vez, señala dos observaciones: el 9 de junio se detectó la presencia de personas con banderas en la vereda y el 14 de junio se registró un episodio que motivó una advertencia para que Fernández de Kirchner mantenga las normas de conducta.
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Los informes también hicieron referencia a un episodio ocurrido el 14 de junio, cuando se detectó la instalación de estructuras destinadas a sostener una bandera desplegada desde el balcón de Cristina Kirchner hasta un edificio ubicado en diagonal, con la inscripción “De San José a la Rosada”. El hecho motivó una intimación formal por parte del tribunal, aunque el juez consideró que se trató de una situación aislada que no alteró la evaluación general sobre el cumplimiento del régimen de prisión domiciliaria.
El juez consideró que este comportamiento debe valorarse en el futuro, pero no modifica el cuadro general consignado en los informes de control.
Rodrigo Giménez Uriburu indicó que, al analizar esta conducta junto con los antecedentes del expediente, se trató de un hecho aislado, insuficiente para revocar la modalidad domiciliaria.
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El informe
Según el último informe técnico de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, durante los últimos meses Cristina Kirchner mantuvo entrevistas domiciliarias en las que se constató colaboración y buena predisposición, con trato cordial y respetuoso.
El organismo informó que en el libro de visitas figuran nombre, fecha y horarios de ingreso y egreso de cada visitante. También verificó el cumplimiento estricto de las condiciones fijadas y la permanencia en el domicilio.
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Durante el período analizado, la ex mandataria realizó seis salidas, todas previamente autorizadas: el 17 de marzo, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 para declarar; el 14 de abril, a un estudio radiológico odontológico en la avenida Figueroa Alcorta 3501; el 15 de abril, a la Clínica Cecchi para evaluación e inicio de tratamiento odontológico; el 18 de abril, al Sanatorio Otamendi para estudios; el 13 de mayo, nuevamente a la Clínica Cecchi para una consulta odontológica; y el 2 de junio, a ese mismo centro para continuar el tratamiento.
En materia de salud, la institución a cargo de la Ejecución Penal informó que la ex jefa de Estado en mayo recibió tres vacunas aplicadas en el domicilio y que continúa con tratamiento odontológico autorizado por el tribunal; e indicó que toma medicación diaria porque no tiene glándula tiroides.
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Además, consigna que Cristina Kirchner permaneció internada en diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de peritonitis e íleo intestinal, sin que se retirara el dispositivo de monitoreo electrónico.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 consideró acreditado que Fernández de Kirchner cumplió con la permanencia en el domicilio, la obligación de informar novedades sobre su salud y consultas médicas fuera de la vivienda y las pautas para las visitas y el acceso a los espacios del domicilio y del edificio.
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