La muerte de más de 200 pingüinos en Punta Tombo, Chubut, marcó un antes y un después en la justicia argentina. Un hombre, identificado como Ricardo La Regina, ingresó con maquinaria pesada en su campo y destruyó parte de una colonia de pingüinos de Magallanes, lo que dejó cientos de ejemplares muertos por aplastamiento y electrocución. El hecho ocurrió en 2021, dentro de un área protegida frente a la costa patagónica. La Regina fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de masacre ambiental.
A partir de este episodio, la figura de ecocidio tuvo su primera condena en el país y captó la atención de organismos nacionales e internacionales. El proceso judicial incorporó peritajes científicos precisos y trabajó con la colaboración de entidades como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la organización National Geographic. La sentencia fue recurrida por el condenado y actualmente la Corte Suprema de Chubut debe revisar el fallo.
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La fiscal Florencia Gómez, Fiscal General Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales, llevó adelante la investigación. Gómez detalló: “Es la primera vez que se llega a una condena de este tipo. Este caso dejó en evidencia que ningún derecho es absoluto en este país. No se puede argumentar la propiedad de la tierra para arrasar la naturaleza, porque la naturaleza nos pertenece a todos y el Estado debe velar por su cuidado”.
Desarrollo del caso y consecuencias judiciales
La investigación judicial tomó tres años y requirió la intervención de diversos especialistas. Gómez explicó: “Convoqué a 92 testigos que ratificaron mi teoría del caso. Se acreditaron tres hechos de impacto ambiental y uno por crueldad hacia los animales. Gracias a la CONAE, a expertos en suelos, pingüinos y distintas áreas, logramos determinar con precisión los días y horas de destrucción de la colonia”. Los expertos confirmaron que, durante la temporada de reproducción, los nidos afectados contenían adultos, huevos y pichones.
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El fallo señaló el daño irreparable en zonas de alta densidad de nidos, compactadas y destruidas durante la faena. Además, resaltó la fragilidad del área y su importancia para la biodiversidad local. Gómez afirmó: “Se arrasó, se compactó, se destruyó una zona declarada por UNESCO como Patagonia Azul, y áreas reconocidas como PAICA por la presencia de aves que llegan a reproducirse allí, como el pingüino de Magallanes”.
Uno de los efectos inmediatos del proceso fue la creación de la primera unidad especializada en derecho animal y ambiental en la provincia de Chubut. Gómez fue designada al frente de la nueva estructura. Además, la visibilidad que tuvo el caso llevó a que organismos internacionales estudiaran el precedente judicial y a la ampliación de zonas protegidas en la región.
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El impacto ambiental en Punta Tombo
El fallo judicial obligó a las autoridades a triplicar el área de protección para el pingüino de Magallanes en Chubut. Gómez relató: “El gobierno triplicó el área de protección del pingüino y toda esta zona quedó bajo custodia estatal. Hay sectores que quedaron destruidos de por vida y otros con daño irrecuperable, como aquellos donde se levantó hasta 60 centímetros de la capa superficial”.
Actualmente, el acceso y control de la zona recae en guardafaunas y el Ministerio de Turismo provincial. Los mecanismos de protección funcionan en las temporadas de arribo y reproducción de los pingüinos. Entre septiembre y noviembre, organismos estatales realizan relevamientos para identificar la llegada de adultos, hembras y pichones, con el fin de resguardar la colonia e impedir agresiones externas.
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Florencia Gómez subrayó la importancia del fallo: “El mensaje de Tombo para el resto del país es que ningún estanciero puede creerse dueño de la naturaleza. La vida silvestre está protegida por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que nos otorga el derecho y la obligación de conservarla”.
Proceso judicial, condena y apelación
Ricardo La Regina recibió una condena a tres años de cárcel en forma condicional y varias reglas de conducta, entre ellas el retiro de la maquinaria utilizada. La fiscal pidió una pena de cuatro años de cumplimiento efectivo. Gómez describió: “Fui la única fiscal que investigó este caso, sin equipo. La Regina justificó su accionar diciendo que necesitaba el terreno para producir, pero los jueces consideraron que no existe derecho absoluto a la propiedad cuando afecta especies silvestres”.
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La defensa de La Regina recurrió el fallo en diversas instancias. En el momento actual, la última audiencia de impugnación se celebrará ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, donde los seis ministros escucharán a las partes. La decisión final quedará en manos del tribunal, que dispondrá de diez días para expedirse.
Gómez anticipó: “El martes a las 9, se realizará la audiencia clave. Solicité que sea pública, como ocurrió antes. El juicio entero permanece disponible en la plataforma YouTube, a través del canal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut”.
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Valor y antecedentes del juicio
El caso Punta Tombo estableció un inédito precedente en la jurisprudencia ambiental argentina. La figura del ecocidio se volvió central en el debate público y judicial. Gómez remarcó: “Fue un desafío enorme. Se atacó y cuestionó a mis testigos y a mí a nivel público, pero 92 expertos confirmaron los hechos que llevaron a la condena. La importancia reside en que si la condena no se confirma, no quedará doctrina latinoamericana en impacto ambiental ni en crueldad hacia animales silvestres”.
La cobertura internacional, la precisión de los peritajes y la reacción normativa de las autoridades marcan la dimensión de este caso. Gómez concluyó: “No se puede hacer cualquier cosa en un campo porque la naturaleza no pertenece a un solo propietario. Es un mensaje para toda la sociedad y para quienes buscan explotar recursos sin control”.
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