Sueños compartidos: los peritos declararon que los planos eran “paupérrimos” y faltaban constancias de pagos

En la audiencia del juicio oral por la causa “Sueños Compartidos”, el perito Ingeniero Civil de la Corte Suprema Francisco Guzmán afirmó que las viviendas sociales construidas a través de convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo “no estaban en condiciones de ser entregadas”.

Explicó que para realizar su informe debió analizar en 95 cajas de documentación que estaba caóticamente guardada, por lo que su primera tarea fue armar un índice con el material, de modo que pudo descubrir que faltaba la mitad del papeleo requerido.

Ante los jueces del Tribunal Oral Federal 5 detalló que los planos de infraestructura de los complejos “eran paupérrimos, eran bocetos, no tenían escala… Siendo una obra pública tiene que estar proyectada e identificada para que no haya dudas de qué debe hacerse, para luego certificar que se hizo lo mismo que se proyectó”.

El perito Guzmán describió que en la evaluación que realizó de los edificios en Santiago del Estero los departamentos que fueron entregados hasta mayo de 2011 carecían del certificado de conformidad de las instalaciones de gas.

A su vez, realizó una reseña de su inspección en un barrio construido en Bariloche, donde en una casa descubrió que la familia se calefaccionaba con un tacho de chapa, el agua la obtenían de otra vivienda y la conexión de electricidad era precaria.

El testimonio de la perito contable María Eleonora Feser se refirió a la evaluación de los asientos contables de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Admitió que “fue un problema porque la documentación estaba dispersa en distintas cajas…así que hicimos lo que esa documentación nos permitió hacer”.

Remarcó que los libros contables sobre los que trabajaron habían sido completados por la propia Fundación, pero muchos de los asientos registrados no estaban respaldados por la constancia de una factura, recibo o datos de transferencias.

Feser sostuvo que lo que le llamó la atención fue que, tratándose de una organización sin fines de lucro, sujeta al control del Estado, no hayan podido encontrar un inventario de los años investigados, por lo que para reconstruir los movimientos contables cruzaron el GECOM (software de gestión administrativa) con información del Banco Central.

Finalmente, la perito relató que en la revisión de los archivos se advirtieron algunas anotaciones que figuraban como cobranzas en efectivo. Al respecto, ejemplificó con un concepto que decía “caja a subsidio jardín por 378 mil pesos, que en 2008 era un monto elevado, lo que significaría que el Estado le dio esa plata en efectivo, y, según mi experiencia, eso muy difícil porque nunca vi al Estado pagar de esa forma”.

Presunto fraude

En el juicio oral por “Sueños Compartidos” están acusados los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

También el exsubsecretario Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

El fiscal Diego Velazco los imputa de fraude por el presunto desvío de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que fueron convenidas en diversas jurisdicciones, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero.

En su indagatoria ante los jueces Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, Sergio Schoklender responsabilizó a Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.

Remarcó también que en esos años la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Bonafini, y usaba los recursos que recibía del Estado para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos eventos políticos.

Uno de los testigos fue Mauricio Macri, quien recordó que mientras era el jefe de Gobierno porteño recibió presiones del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández para que liberara fondos públicos a favor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El expresidente enfatizó que no autorizaron nuevos desembolsos porque durante la gestión anterior a la suya -a cargo de Aníbal Ibarra- ya se habían realizado pagos por encima de lo ejecutado.

Por su parte, Sergio Massa reconoció que hubo incumplimientos que obligaron al Municipio de Tigre a hacerse cargo de las obras que no terminó la Fundación.

Asimismo, defendió el proyecto por su misión social porque consideró que muchos vecinos podían pasar de vivir en casas de chapa con piso de tierra pasaron a tener un departamento.