El Estado Nacional se consolidó en 2024 como el mayor generador de litigios del país, con un récord histórico de recursos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según un informe difundido este lunes, amenaza con desbordar al Máximo Tribunal y acumula un pasivo de más de 2.100 millones de dólares. El trabajo fue elaborado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), bajo el título La industria del juicio. El Estado Nacional como la mayor fábrica de litigios del país, sobre la base del Anuario Estadístico 2024 confeccionado por la Corte Suprema.
En 2024 ingresaron 45.678 planteos ante la máxima instancia federal, un 41% más que en el año 2023 y el número más alto registrado hasta la fecha. El sector público explicó el 56% del total de los planteos, cuyo principal componente fueron las causas previsionales -jubilados y pensionados-. Dentro de ese universo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) representó el 91,6% del conflicto judicial del Estado; si se suman los organismos previsionales militares, la proporción asciende al 94% del total estatal.
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La magnitud del fenómeno se ilustra con una comparación incluida en el informe: los recursos de ANSES ante el Máximo Tribunal en 2024 equivalieron al total de recursos judiciales presentados por el conjunto de la ciudadanía en 2019. El estudio de FORES señaló que “Parece existir una política pública orientada a trasladar costos temporales y económicos al justiciable y al Poder Judicial y diferir los pagos a los gobiernos posteriores”.
Un tribunal desbordado
Entre 2020 y 2024 ingresaron casi 150.000 recursos ante la Corte, pero el tribunal pudo resolver 87.000. Las 62.000 causas pendientes constituyen, según FORES, “un enorme pasivo oculto para los presupuestos que vienen y que, tarde o temprano, habrá que afrontar”. El estudio señaló además que el flujo de ingreso de causas, impulsado principalmente por el Estado, “supera ampliamente la capacidad humana y material de la Corte Suprema”.
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El pasivo conocido -calculado sobre los presupuestos nacionales 2022-2026 actualizados a tasa pasiva- asciende a más de tres billones de pesos, equivalentes a 2.170 millones de dólares al tipo de cambio oficial. El estudio aclaró que esa cifra no refleja la totalidad del pasivo estatal sino únicamente el período analizado.
El informe advirtió que el Máximo Tribunal “está siendo progresivamente desdibujada en su rol constitucional como intérprete último de la Constitución y garante de la unidad del derecho federal, para convertirse, de hecho, en un revisor de expedientes administrativos masivos”. La preocupación no es nueva: en una declaración del 29 de enero pasado, FORES ya había advertido sobre el impacto institucional de la creciente litigiosidad previsional, que “distorsiona el rol constitucional de la Corte Suprema, consume recursos escasos y retrasa el tratamiento de asuntos de alta relevancia” para el conjunto de la sociedad.
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Un cambio de paradigma
El informe propuso lo que denominó un “cambio de paradigma hacia un Estado resolutivo”, sustentado en desincentivos a la “litigiosidad abusiva”, con el objetivo de que los conflictos previsionales encuentren resolución en sede administrativa antes de llegar al Poder Judicial y de “recomponer la confianza institucional”.
El trabajo fue elaborado por los abogados Marcelo de Jesús y María de los Ángeles De Seta Acosta. FORES es un foro dedicado al estudio y análisis de la administración de justicia en Argentina, presidido por Pablo Pirovano.
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