El juez federal Gastón Salmain sumó una nueva causa penal en su contra: ahora también investigan su actuación en causas previsionales y, como primera medida, un juez ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre todos sus movimientos desde que desembarcó en Rosario en abril de 2023.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad fue procesado en diciembre -junto a varios presuntos cómplices- en el caso Attila, donde se lo acusa de haber facilitado a una financiera el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras regía el cepo cambiario, para luego enviar ese dinero al exterior.
Ahora, por pedido del fiscal federal Federico Reynares Solari, el juez de Garantías Román Lanzón formalizó una nueva línea de investigación contra el magistrado para esclarecer si existieron maniobras ilegales que beneficiaron a estudios jurídicos “amigos” en el otorgamiento exprés de embargos millonarios contra la Anses, en el marco de demandas de jubilados.
Tras el avance del caso, el fiscal Reynares Solari -a cargo del área de Casos Complejos- tendrá acceso total a la información fiscal y financiera del magistrado durante los últimos tres años. El objetivo: reconstruir el flujo patrimonial y detectar si hubo ingresos, movimientos o activos incompatibles con su función judicial, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
El Ministerio Público Fiscal tiene 90 días para formalizar su investigación, en caso de encontrar indicios firmes. La calificación preliminar que pesa sobre Salmain es por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por decisión del juez Lanzón, se descartaron las objeciones de la defensa del magistrado, que había denunciado una “persecución” institucional y la imposibilidad de acceder a la prueba durante la etapa de investigación preliminar.
Las sospechas
El conflicto de fondo se remonta a 2023, cuando Salmain asumió como juez federal en Rosario. Allí los juzgados no solo tiene competencia penal -como ocurre en Comodoro Py-, sino que también se hacen cargo de los casos civiles y comerciales.
Desde entonces, los fallos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias se multiplicaron de manera inusual, con montos multimillonarios y un ritmo de resolución llamativamente veloz. La situación encendió alarmas tanto en la ANSES como en la Procuración del Tesoro, que detectaron patrones atípicos en la asignación y tratamiento de los expedientes.
El 25 de julio, el fiscal Reynares Solari abrió de oficio un legajo penal para investigar si existía “direccionamiento indebido de causas hacia ciertos actores del sistema previsional”, especialmente en beneficio de estudios jurídicos que, según la pesquisa, recibían fallos favorables con celeridad poco habitual. Cuando Salmain fue notificado de la investigación, negó toda irregularidad y decidió excusarse de todas sus causas previsionales, una decisión que generó un colapso operativo en el fuero.
La defensa del magistrado intentó frenar el avance de la causa y el levantamiento de sus secretos bancarios y fiscales. Alegó arbitrariedad, inexistencia de pruebas y planteó que la investigación se sustentaba en “meras conjeturas” vinculadas a su labor jurisdiccional. Sostuvo, además, que la apertura de sus datos personales lesionaba garantías constitucionales y exponía a su familia a un escrutinio injustificado.
Pero la fiscalía redobló la apuesta: insistió en que existían “indicios serios” y que era indispensable indagar el patrimonio de Salmain para descartar o confirmar la existencia de un posible acuerdo espurio entre el magistrado y los abogados beneficiados por los fallos. El juez que resolvió el pedido adoptó un criterio tajante y zanjó la discusión con una frase que resonó en la audiencia: “No puede haber secreto cuando lo que se investiga es el uso de información privilegiada y la posible comisión de delitos contra la administración pública”.
Con ese argumento, el juez Lanzón ordenó al BCRA, la AFIP y otras entidades que entreguen todos los registros y operaciones vinculados a Salmain desde su llegada a Rosario.
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