Caso Andis: el futuro de los acusados se juega en la Cámara Federal y las defensas tienen hasta fin de marzo para mejorar argumentos

La investigación por el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellos su extitular Diego Spagnuolo, ingresó esta semana en una etapa clave. Un Tribunal de Apelaciones se prepara para revisar todo lo hecho en la causa: llegó a esa instancia cuestionado por los 19 procesados. Las apelaciones ya están en el segundo piso de Comodoro Py 2002, sede de la sala II de la Cámara Federal porteña.

Los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah fijaron el 26 de marzo próximo como fecha límite para que las defensas presenten memoriales escritos y, en caso de solicitarlo, expongan de forma oral sus argumentos. Luego comenzarán a deliberar y de allí saldrá una decisión que podría marcar el futuro del caso: la confirmación o no de los procesamientos que firmó el juez federal Sebastián Casanello antes de dejar el juzgado federal 11, que está vacante y subrogó durante un año. Ahora quedó al frente por idéntico período otro magistrado, Ariel Lijo.

Asociación ilícita y miles de dólares en juego

La investigación delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi se centra en la existencia de una supuesta asociación ilícita, negociaciones incompatibles y cohecho, con un marco de escuchas, allanamientos, millonarios embargos y cientos de miles de dólares secuestrados.

La defensa de Spagnuolo planteó que el procesamiento se basó en conjeturas y que no existe prueba suficiente. Su abogado Pablo Parera afirmó ante la Cámara que no puede sostenerse una acusación de asociación ilícita ni de cohecho sobre la base de visitas a domicilios o la portación de bolsos, como el que según la acusación habría usado para llevarse cinco millones de pesos de la casa de otro acusado, Miguel Angel Calvete.

La acusación es “una mera conjetura que a lo sumo podría dar curso a la toma de medidas para su esclarecimiento pero, bajo ningún punto de vista, reúne los elementos para constituir un fundamento en términos incriminatorios para avanzar hacia un procesamiento”, sostuvo la defensa.

Spagnuolo quedó procesado como presunto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

Además, tanto a él como a los principales acusados se les fijaron embargos por 202.247.451.393 millones de pesos.

Entre las 19 apelaciones está también la de la ex funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen.

Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete.

Medicamentos de alto costo para discapacidad

La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El expediente comenzó tras la difusión de audios donde se escuchó a Spagnuolo hablar de un supuesto esquema de pago de retornos en la agencia. La defensa sostiene que las grabaciones fueron editadas y cuestionó su validez, mientras que los investigadores subrayaron que existen pruebas independientes que justifican los procesamientos.

Los mismos jueces de la Cámara Federal ya intervinieron en otros aspectos del caso: por ejemplo confirmaron la decisión de no devolver a Spagnuolo 80.000 dólares encontrados durante un allanamiento en una caja de seguridad bancaria a su nombre.

Pero por otro lado, reiteraron una orden para que el juzgado de instrucción de una respuesta fundada sobre el origen y validez legal de los audios que derivaron en la denuncia penal y que la defensa sostiene fueron editados con IA. Esta es una decisión pendiente, que recaerá sobre el nuevo juez de la causa.

También quedaron para un futuro nuevas citaciones a indagatoria de otros acusados y para los representantes de las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, cuestionadas en lo atinente a la responsabilidad empresaria por todo lo ocurrido.