A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la ex fiscal Viviana Fein deberá presentarse este martes 24 de febrero ante la Justicia para responder como acusada por las irregularidades en la escena del hecho.
La ex funcionaria ya jubilada había sido convocada para el 15 de diciembre del año pasado, pero su defensa pidió una postergación y el trámite se reprogramó. Ahora sí tendrá que cumplir con la declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py 2002.
Fein fue imputada por presuntas irregularidades y “serias falencias” en su actuación durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del entonces titular de la UFI AMIA en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero. Según el dictamen fiscal, esas deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.
La ex funcionaria judicial podrá optar por declarar o abstenerse. Hasta el momento no presentó un descargo formal, pese a haber sido notificada de la imputación meses atrás. Su defensa pidió tiempo para conocer el expediente.
Un “plan criminal”
La fiscalía sostiene que existió un “plan criminal” destinado a “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación con la muerte de Nisman y en ese marco resultó “esencial” montar la escena para una investigación que “no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.
El eje de la imputación contra Fein apunta a su rol como “directora del procedimiento” la noche del 18 de enero de 2015. De acuerdo con la acusación, no preservó adecuadamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios. También se le atribuye haber circunscripto “de manera deficiente” la escena únicamente al interior del departamento y no al complejo en su totalidad.
El dictamen fiscal sobre el que se fundó la citación a declarar remarcó que cuando Fein arribó al lugar había muchas personas en el departamento y que no se adoptaron medidas para restringir la circulación ni preservar rastros. “Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control”, sostuvo la imputación. Además, se mencionó una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho” y la “irreversible pérdida y alteración de evidencias”.
Para los investigadores, esas conductas “permitieron la alteración de la escena del crimen, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación”.
Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.
Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.
Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.
La muerte de Nisman
Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015. Tres años después, en 2018, la Cámara Federal porteña avaló la hipótesis de asesinato y descartó el suicidio, en línea con la postura de Ercolini y Taiano, basada en un peritaje multidisciplinario de Gendarmería.
Al momento de su muerte, el fiscal estaba a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA y había denunciado días antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento a través del Memorándum con Irán. El lunes siguiente a su fallecimiento tenía previsto exponer su acusación en el Congreso.
La causa por su muerte permanece delegada en la fiscalía de Taiano y avanza en distintas líneas. Se investiga el rol de agentes de inteligencia del Ejército que habrían estado en las inmediaciones del departamento ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.
Hasta ahora, el único procesado en la causa principal es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 de la que salió el disparo. También fueron imputados por el manejo de la escena del hecho el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni y otros ex jefes de fuerzas federales.
La causa se concentra en una dependencia especial que funciona fuera de Comodoro Py 2002, bajo la coordinación del auxiliar fiscal Hernán Kleiman, quien encabeza un equipo de siete funcionarios judiciales que desde hace años impulsa las principales líneas.
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