La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de Claudio Ariel De Vincentis, el jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstruir parte de los primeros allanamientos en la causa ANDIS, presuntamente para beneficiar a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina.
Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que existen pruebas suficientes para acusarlo de entorpecer un allanamiento realizado en el barrio cerrado en agosto de 2025, donde se buscaba dar con quienes entonces eran los principales sospechosos.
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El tribunal superior avaló la investigación que imputó al directivo por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento, que estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello antes de ser remitida hacia la Justicia de San Martín.
La reconstrucción
El hecho central ocurrió la noche del 21 de agosto de 2025. Cerca de las 23:00, una comitiva de la Policía de la Ciudad llegó al ingreso del barrio “La Isla”, ubicado dentro del complejo Nordelta. El objetivo de los oficiales era realizar una diligencia judicial para obtener datos sobre los vehículos y movimientos de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
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“Al iniciar el procedimiento, el comisario a cargo, Lucas Alberetti, ordenó expresamente al personal de vigilancia que se encontraba en la garita de acceso que no realizaran ninguna comunicación telefónica para preservar el secreto de la medida.”
A pesar de la directiva impartida por el funcionario público, la calma en el puesto de control se rompió rápidamente, de acuerdo a la reconstrucción mencionada en el procesamiento. Uno de los empleados de seguridad comenzó a recibir llamadas insistentes en su teléfono. El guardia informó a los agentes que quien intentaba comunicarse era su jefe, De Vincentis.
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Ante la persistencia, el comisario atendió personalmente el llamado. Del otro lado de la línea, el supervisor del complejo se identificó y exigió saber los motivos de la presencia policial. El oficial le explicó que se trataba de una orden de presentación, pero el imputado insistió en conocer qué domicilio específico iban a allanar. El policía se negó a dar esa precisión y cortó la comunicación.
La situación escaló minutos más tarde. El responsable del operativo notó que, pasada la medianoche, otro vigilador atendió su celular, ignorando nuevamente la prohibición de comunicarse. El empleado explicó que su superior lo llamaba de manera continua. Durante esa breve conversación, el subordinado llegó a avisarle a De Vincentis que la policía buscaba a los Kovalivker. Al escuchar esto, los efectivos secuestraron el teléfono inmediatamente.
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Mientras esto sucedía en la entrada, Jonathan Kovalivker logró salir del barrio a bordo de un automóvil Audi modelo S3. Pasó justo delante de la policía.
De forma simultánea al presunto escape, arribaron al lugar cuatro patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Estos efectivos explicaron que acudieron por un llamado al 911 que denunciaba la presencia de “falsos policías” que supuestamente tenían de rehenes a los guardias. La investigación posterior determinó que esa alerta se realizó desde una línea telefónica registrada a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta, apenas dos minutos después de que el comisario cortara la comunicación con el acusado.
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La Cámara de San Martín valoró una serie de mensajes de WhatsApp que complicaron la situación procesal de De Vincentis. Al día siguiente del incidente, el jefe de seguridad envió instrucciones al grupo de “Supervisores AVN”. En ese chat, ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal.
“El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache’.” Además, instruyó a su equipo para que, en el futuro, derivaran cualquier requerimiento a los abogados de la empresa para verificar la documentación, con el objetivo explícito de no “facilitarle el camino a ninguno”.
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La defensa de De Vincentis sostuvo que su cliente solo cumplió con su deber y que no generó demoras. Sostuvieron que el acusado estaba de licencia y que su intervención respondió a su responsabilidad laboral. Sin embargo, los jueces rechazaron este planteo. Destacaron que el imputado, aun estando de vacaciones, utilizó su acceso a las cámaras y sistemas de comunicación para monitorear el operativo en tiempo real e interferir en él.
Para los magistrados, la secuencia de los hechos demostró una intención clara de crear confusión y resistencia para frustrar el cumplimiento de la orden judicial.
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