La Corte Suprema de la Nación enfrenta una agenda de gran densidad en las áreas laboral y previsional, con fallos pendientes que impactan en la vida cotidiana de miles de personas. Mientras las resoluciones sobre reformas recientes generan incertidumbre judicial, la acumulación de expedientes pone de relieve la influencia de estas definiciones, que trascienden lo legal para marcar la pauta salarial, jubilatoria y de estabilidad laboral en la Argentina.
Entre los temas que aguardan definición sobresale la aplicación del precedente “Levinas”, que modificó la instancia de revisión de los litigios laborales en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo firmado el 27 de diciembre de 2024 dispuso que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (STJ) ocupa la jerarquía de “superior tribunal” en los procesos judiciales iniciados en la Capital, habilitando que las decisiones de las Cámaras Nacionales sean revisadas por el alto tribunal porteño. Pero este cambio generó resistencia por parte de las Cámaras, que manifestaron su reticencia a acatar el nuevo criterio.
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Un aspecto decisivo fue la jubilación, apenas dos días después, del ministro Juan Carlos Maqueda, integrante de la mayoría que suscribió el fallo Levinas. Al quedar el voto del ministro Carlos Rosenkrantz en disidencia y sin una nueva conformación mayoritaria, se paralizó el tratamiento de los casos, y más de 4.000 expedientes permanecen a la espera en la Secretaría laboral del tribunal.
En este mismo fuero, la Corte aún no resolvió sobre la constitucionalidad del Título IV del DNU 70/2023, que introdujo reformas en la legislación laboral vinculadas a indemnizaciones, restricciones a la huelga y cuotas sindicales. Uno de los planteos centrales fue presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), obtuvo un fallo de la Cámara laboral que declaró la inconstitucionalidad de ciertos artículos, pero el Estado Nacional apeló ante la Corte, que ahora debe resolver el conflicto.
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En el ámbito deportivo
Un aspecto novedoso lo constituye la controversia planteada por Asociación del Fútbol Argentino (AFA). la Corte tiene entre sus manos un caso relevante en el cual la esta asociación cuestionó el decreto 939/2024. Mediante dicho decreto, se suspendió el mecanismo de percepción y retención para el ingreso de aportes personales y patronales correspondientes a futbolistas, técnicos, cuerpo médico y demás personal tanto de AFA como de los clubes que intervengan en sus torneos.
En el decreto cuestionado se había considerado que el mecanismo previsto por un decreto anterior, el 510/2023, generaba un déficit en el sistema que debía ser corregido.
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Despidos por discriminación
En materia de despidos y reinstalación por razones de discriminación, la ley 27.742 o “ley bases” introdujo un cambio relevante. A través del artículo 245 bis, determinó que el despido discriminatorio provoca igualmente la extinción del vínculo laboral.
En el fallo a estudio, la Sala V de la Cámara del Trabajo había ordenado la reinstalación del trabajador frente a la cesantía discriminatoria.
Además, la definición del método de actualización de los créditos laborales sigue generando disparidad de criterios entre las salas de la Cámara Nacional del Trabajo, pese a intervenciones previas del máximo tribunal. Se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, que prohibían la indexación, y en consecuencia se autorizaron mecanismos de ajuste por índices (RIPTE, IPC). Este tema adquiere particular relevancia tanto para empleadores como empleados, no solo por el impacto económico, sino porque contradice fallos anteriores donde la Corte había sostenido la constitucionalidad de dichas leyes.
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Cristina Kirchner y Rodolfo Barra
En el campo previsional, sobresalen litigios particulares y cuestiones de alcance general. Uno de los expedientes que aguarda definición involucra a Cristina Fernández de Kirchner y la percepción de la doble pensión vitalicia como ex Presidenta y beneficiaria por el fallecimiento de Néstor Kirchner.
En este caso, la ANSES desistió de apelar el fallo de primera instancia que reconocía ambas asignaciones. La diputada Graciela Ocaña solicitó participación en la causa para impugnar el desistimiento, aunque todavía la Corte no resolvió este punto. Además, a partir de la resolución 1092/2024, ANSES suspendió ambas pensiones, hecho que genera una nueva controversia judicial.
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Simultáneamente, la Corte examina el caso de Rodolfo Barra, ex juez del supremo tribunal y ex Procurador del Tesoro designado durante la gestión de Javier Milei. El Estado Nacional reclamó que se deje sin efecto una asignación previsional tomada con base en su paso por la Corte Suprema, alegando que no cumplió el mínimo de cuatro años exigidos, ya que prestó funciones durante tres años y ocho meses.
Respecto a la cuestión previsional general, el máximo tribunal debe resolver en “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación y otro c/ ANSES” la recusación de todos los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social, planteada por el Estado Nacional. El origen de este litigio reside en cuestionamientos a la ley 27.546 aprobada en 2020, que modificó el régimen jubilatorio especial para magistrados y empleados del Poder Judicial en diferentes aspectos: alícuotas, edad de acceso y movilidad de los haberes.
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Incompatibilidades
Además, subsisten demandas acerca de la constitucionalidad de distintas normas que fijaron incompatibilidades entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas por discapacidad (resolución ANSES 203/2019), así como la interrupción en el pago de haberes previsionales desde junio de 2017 a titulares de pensiones no contributivas por invalidez, también están pendientes de análisis por parte de la Corte Suprema.
Entre los expedientes en trámite figuran, incluso, rechazos de ANSES al reconocimiento de la asignación por maternidad a la madre “no gestante”.
La magnitud de la carga procesal queda expresada en las estadísticas. En octubre del año pasado, la Secretaría previsional de la Corte Suprema tramitaba más de 90.000 expedientes, de los cuales más de 60.000 debían su dilación a la falta de precedentes unificadores que pudieran servir como guía a los jueces de instancias inferiores. La Secretaría laboral sostenía un caudal inferior, pero igualmente considerable, con miles de casos pendientes articulados en torno a los desafíos planteados por los intereses en litigios laborales y el precedente Levinas.
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