
La Justicia federal de La Rioja autorizó escuchas telefónicas en una causa por narcomenudeo que investiga a una pareja sospechada de vender drogas desde una vivienda particular en la ciudad de Chilecito y de utilizar un comercio de bebidas como pantalla para la actividad ilegal. La decisión se dictó en el marco de una investigación por presunta infracción a la ley de drogas (Ley 23.737) y habilitó la intervención de tres celulares, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y datos de geolocalización para avanzar en el esclarecimiento del caso.
La medida fue dispuesta durante la feria judicial por el juez federal Mario Eduardo Martínez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, luego de considerar que el material reunido hasta el momento configura un cuadro de sospecha suficiente sobre una operatoria de venta de estupefacientes en pequeña escala, desarrollada de manera sostenida y organizada.
Según surge del fallo, la causa se inició el 18 de febrero de 2025 a partir de un informe del Grupo de Operaciones, Investigaciones y Procedimientos (GOIP) de Gendarmería Nacional, Escuadrón 24 “Chilecito”. La fuerza tomó conocimiento, a través de fuentes humanas que solicitaron reserva por temor a represalias, de que una pareja se dedicaría a la venta de sustancias ilegales tanto desde su domicilio como en la vía pública, en el distrito San Miguel, departamento Chilecito.
A partir de esa información, los investigadores identificaron el domicilio señalado -ubicado sobre la calle Santa Rosa al 900- y comenzaron tareas de vigilancia. Vecinos de la zona confirmaron que en el lugar residía la pareja y señalaron que la actividad principal que allí se desarrollaba no era la venta de bebidas que se anunciaba, sino la comercialización de estupefacientes, utilizando ese rubro como fachada.
Durante las tareas de campo, el personal de Gendarmería observó de manera reiterada una misma modalidad: jóvenes que llegaban al domicilio eran atendidas a través de una ventana que da a la calle, se producía un intercambio rápido de manos y luego se retiraban sin llevar productos compatibles con una compra lícita. Esa mecánica fue interpretada por los investigadores como típica de narcomenudeo, en la modalidad conocida como “pasamanos”.
Uno de los episodios documentados ocurrió la noche del 18 de febrero de 2025, cuando dos personas se detuvieron frente al local y mantuvieron un breve contacto con el ocupante del lugar. Minutos después, otra persona arribó en moto al domicilio y se produjo un nuevo intercambio similar. Situaciones de la misma naturaleza fueron observadas los días 19, 20 y 21 de febrero, siempre con la misma dinámica y sin evidencia de una transacción comercial regular.

En función de esas observaciones, los investigadores identificaron a la pareja como D.L.V. y P.S.O.S., quienes -según la hipótesis fiscal- llevarían adelante la venta de drogas al menudeo desde su domicilio y mediante contactos coordinados por teléfono. La investigación avanzó luego con operaciones que incluyeron el análisis de redes sociales, consultas a bases oficiales y el rastreo de movimientos asociados a aplicaciones de pago electrónico.
Ese trabajo permitió detectar los perfiles utilizados por ambos en redes sociales, confirmar su vínculo personal y asociar números telefónicos a transferencias digitales. En paralelo, los investigadores identificaron un comercio de bebidas, ubicado en el barrio Los Sarmientos de Chilecito, que estaría vinculado a la operatoria investigada y funcionaría como punto de apoyo logístico.
Por otro lado, durante una vigilancia realizada el 27 de febrero del año pasado, los efectivos observaron la llegada de un hombre al domicilio de la pareja, quien mantuvo un breve contacto con uno de los investigados antes de retirarse. A partir de un seguimiento controlado y posteriores cruces de información, la pesquisa vinculó ese episodio con el comercio mencionado y con un tercer sospechoso, identificado como F.J.R., sobre quien recaen sospechas de actuar como proveedor dentro del circuito de tráfico de drogas.
Según Gendarmería, distintos números telefónicos estarían siendo utilizados para coordinar la venta de estupefacientes, el suministro de la sustancia y los movimientos de dinero vinculados a la actividad ilegal. En base a ese conjunto de elementos -observaciones directas, testimonios vecinales, análisis de redes sociales, registros de transferencias electrónicas y cruces de datos-, la fiscalía a cargo del caso solicitó la autorización de escuchas telefónicas para profundizar la investigación.
Al resolver, el juez de la feria sostuvo que la incorporación de intervenciones telefónicas, registros de llamadas, mensajes SMS y WhatsApp, datos de celdas y ubicación geográfica resultaba “imprescindible” para avanzar en el esclarecimiento de una posible infracción a la ley de drogas y determinar el alcance de la maniobra.
Además, ordenó librar oficio a la empresa de telefonía para que informe la titularidad de las líneas investigadas, la existencia de otros números asociados, datos de los equipos utilizados, historiales de comunicaciones, registros de tráfico de datos y direcciones IP, y dispuso que toda esa información sea remitida con carácter urgente.
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