
El conflicto entre jueces por el destino final de la investigación vinculada a la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a jerárquicos de la AFA y que figura a nombre de supuestos testaferros, sumó un nuevo capítulo este viernes con la oposición del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial a que el expediente vuelva a cambiar de juez y pase a un juzgado de Campana.
Navas Rial dictaminó que la causa tiene que seguir en el juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky y ahora el magistrado quedó en condiciones de responder a su par de Campana, Adrián González Charvay, si acepta o rechaza el planteo para cederle el caso que le hizo la semana pasada.
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Fue a pedido de la defensa del supuesto testaferro Luciano Pantano, quien junto a su madre Ana Conte figuran en la sociedad Real Central SRL, compradora del predio por 1.8 millones de dólares, según el valor consignado en la escritura.
González Charvay, con competencia territorial en Pilar, le solicitó la inhibitoria a Aguinsky porque los bienes investigados se encuentran en ese partido del norte bonaerense. “Resulta ineludible entonces, sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el Juez natural del territorio designado de forma previa, conforme lo previsto por la ley”, fundamentó.
Pero la fiscalía porteña se opuso y advirtió que el objeto de la pesquisa es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en CABA.
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La propiedad y todas sus instalaciones acaban de ser valuadas por peritos oficiales en 17 millones de dólares, y casi 4 millones más por el lote de vehículos de alta gama descubiertos en un galpón en el lugar.
Un conflicto que escala
Ya con el dictamen de la fiscalía, Aguinsky resolverá y, si rechaza el planteo de González Charvay, el conflicto podría escalar a un tribunal de apelaciones, en este caso la Cámara Federal de San Martín.
El fiscal formalizó en su dictamen una oposición al cambio de juzgado que había anticipado en un escrito apenas se conoció el planteo de la defensa, el mismo día en que Pantano y su madre debían presentarse por primera vez ante la Justicia para explicar el origen del dinero con que solventaron la compra del predio, los 54 vehículos y el mantenimiento. La causa busca en primer lugar esclarecer cómo el ex presidente de la Asociación Argentina de Futsal y su madre pagaron por todo.
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La investigación ya había tenido sus idas y vueltas entre distintos despachos. Primero le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, que se excusó y luego le devolvieron la investigación.
Recién después, y en medio de una serie de allanamientos a la mansión y a domicilios de los involucrados, dispuestos por el juez, la Cámara Federal porteña determinó que el caso debía tramitar en el fuero Penal Económico y resultó sorteado el juzgado 10 que subroga Aguinsky.
La estancia de 105.000 hectáreas fue adquirida por Carlos Tevez en 2017 y vendida en junio de 2023 a Malte SRL. Esta firma se desprendió de la propiedad once meses después con la venta a Pantano y la madre, investigados además por otras cuatro propiedades: dos en el Barrio Privado Ayres Plaza, un lote con en la Avenida 12 de Octubre y otro domicilio en la calle Ramos Mejía, todas dentro del partido de Pilar.
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El juez Aguinsky habilitó la feria judicial de enero para continuar con las medidas de prueba en la causa por supuesto lavado de activos abierta por denuncia de la Coalición Cívica.
Entre otros aspectos, se intenta esclarecer qué pasajeros eran llevados en helicóptero al lugar, que cuenta con helipuerto. También se encomendó un profundo informe a ARCA sobre las sociedades y personas bajo investigación.
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