Avanza la ofensiva judicial contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Ahora, el juez en lo penal Económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del máximo dirigente del fútbol argentino en una causa que investiga la apropiación indebida de aportes previsionales.
La medida también alcanza a su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a los demás integrantes de la mesa directiva del organismo rector del fútbol argentino: el Secretario General, Cristian Ariel Malaspina, y el Director General, Gustavo Lorenzo.
Además, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial para que se investigue si efectivamente, como sospecha ARCA, existió una apropiación indebida de aportes de la seguridad social por unos 19 mil millones de pesos.
La imputación del fiscal
La semana pasada, la Justicia del fuero penal económico imputó al presidente de la AFA en esta investigación, a partir de un requerimiento del fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial.
Según la denuncia, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social correspondientes a empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación, y consideró que, dada la dimensión económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse también a otros integrantes de la mesa directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
El origen de la causa
La causa se inició a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, quien además amplió los hechos atribuidos a la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85 y no los habría ingresado una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En cuanto a los ilícitos relativos a los recursos de la seguridad social, la denuncia también invocó el artículo 7°, que tipifica la evasión simple y dispone: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos ($80.000) por cada mes“.
La imputación se da en un contexto de intenso escrutinio público respecto a la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa judicial a raíz de distintas causas que derivaron en investigaciones vinculadas a sus manejos internos y a sus estados contables.
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