Avanza el juicio político contra un juez acusado de intervenir de forma irregular en un loteo de 250 parcelas en Tandil

El juez en lo Civil y Comercial Nº 1 de Tandil, José Martín Zárate, quedó bajo análisis del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y enfrenta la posibilidad de ser destituido, luego de que la Suprema Corte bonaerense dispusiera su suspensión preventiva por noventa días en el marco de una investigación disciplinaria y de un expediente penal que lo acusa de intervenir de manera arbitraria y funcional a intereses privados en una disputa por unos 250 lotes de alto valor inmobiliario en la zona serrana de El Centinela.

Tras esa decisión del máximo tribunal provincial, el Jury avanza ahora en el análisis de las actuaciones en las que se lo investiga por presunto “mal desempeño” con derivaciones penales que alcanzan tanto al magistrado como al empresario turístico Luis Cerone, señalado por los denunciantes como el principal operador de una “asociación criminal” cuya finalidad habría sido apropiarse del predio.

La intervención del Jury fue activada por la presentación realizada en julio de este año por los abogados Juan Pedro Martín Burs y Jorge Heter, quienes denunciaron por supuestas irregularidades al juez Zárate y a su par del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, Francisco Augusto Blanc, ambos del Departamento Judicial de Azul.

El órgano de enjuiciamiento quedó conformado con la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, acompañada por los conjueces abogados Eduardo Fortunato Dinatolo y María Margarita Di Santi, ambos del Departamento Judicial Mercedes. También integran el tribunal los abogados Guillermo Ernesto Sagués (San Isidro), Jorge Omar Frega (Morón) y Laura González (Quilmes). La composición se completa con los conjueces legisladores Avelino Ricardo Zurro, Germán Di Césare, Sofía Vannelli, Abigail Gómez y Juan Manuel Jesús Rico Zini, encargados de intervenir en la evaluación del caso y en la eventual decisión sobre la continuidad del magistrado en su cargo.

La denuncia de Burs y Heter, a la que tuvo acceso Infobae, describe un conflicto que se remonta a 2016 y que tiene como trasfondo un predio de unas 250 parcelas ubicado en un corredor de alta valorización para el mercado inmobiliario. Ambos afirmaron ser “legítimos cesionarios de los derechos hereditarios emergentes de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles” y sostuvieron que al asumir el control de la propiedad encontraron instalada en ella una precaria vivienda ocupada por Juan Miguel Ramírez, un hombre con “notorias limitaciones intelectuales”, según describieron, que repetía de manera “monocorde” que cualquier cuestión vinculada al predio debía discutirse con el empresario Cerone. De acuerdo con el escrito, este hombre de negocios se presentó desde el primer momento como representante de Ramírez y “exigió la suma de quinientos mil dólares para desinteresar a Ramírez y otros cien mil para los abogados designados" en un supuesto juicio llevado adelante por el casero del lugar para “recobrar la posesión” a su favor.

Los denunciantes definieron ese episodio como el “primer hito de una serie de maniobras” que, según ellos, formaron parte de “un despliegue netamente extorsivo” destinado a lograr el desapoderamiento “de los derechos que poseemos sobre la propiedad”.

Los abogados ubicaron al juez Zárate dentro de ese esquema al afirmar que su intervención judicial habría consolidado la presión ejercida por Cerone. Adujeron que en 2012 el magistrado resolvió un interdicto que restituyó a Ramírez solo tres de las 247 parcelas, pero que años más tarde, en 2022, cuando Ramírez inició una nueva acción posesoria, Zárate dictó una medida cautelar de “no innovar” sobre la totalidad del terreno, donde además ordenó el desalojo de los denunciantes, quienes calificaron esa decisión como “jurídicamente infundada, en tanto ”Zárate no se limitó a expedir un pronunciamiento nulo sino que su accionar trascendió claramente la barrera del compromiso procesal para adentrarse en la gestión cómplice de un accionar extorsivo“.

Al respecto, en su escrito expresaron: “Y es que las gestiones previas encaradas por Cerone con la, hasta entonces, férrea posición de los suscriptos en cuanto a no ceder a sus absurdas exigencias, las que llevaba a cabo ejerciendo el rol altruista de pretenso defensor de los derechos de Ramírez, tambaleó, como dijéramos, cuando nos vimos expulsados de la propiedad (...), y aquello que podía ser una negociación de comedia se transformó en el temor profundo de que nuestros derechos se vieran ilegítimamente desplazados -el imputado Cerone nos había indicado más de una vez que ‘…si vamos a Tribunales les va a ir peor…'- por cuanto su admonición comenzaba a verse reflejada".

El expediente menciona a Cerone como empresario al frente del complejo turístico El Centinela -cerca del predio en disputa- y el Hotel Libertador, donde según la denuncia se realizaron reuniones extraprocesales en las que habría participado el propio Zárate. Uno de los pasajes más relevantes del escrito describió una audiencia de prueba realizada el 4 de julio de 2023, en la que el magistrado, siempre según los denunciantes, instó a las partes a alcanzar un acuerdo económico basado en las exigencias de Cerone. También relataron un encuentro posterior en el hotel el 15 de agosto de ese año, al que, afirmaron, asistieron por temor a perder definitivamente la propiedad. En esa reunión, dijeron, aceptaron una exigencia del empresario de “abonar doscientos cincuenta mil dólares de contado y el resto en 25 cuotas en dólares (U$S 10.000)”, con la intervención del magistrado, quien “se ofreció a redactar el convenio”.

“Cedimos, sin otra opción, a las amenazas -afirmaron los denunciantes-. El cónclave en cuestión, con la inaudita e inaceptable intervención del magistrado interviniente en el pleito, en la sede del lugar que ocupaba nuestro contrincante, no nos permitía abrigar duda alguna sobre el futuro que se nos presentaba”.

Otra pieza clave para los denunciantes es una grabación incorporada al expediente. En el escrito transcribieron un tramo en el que -según aseveraron- se escucha a Zárate decir: “Siempre lo hice de buena fe. No tengo intereses de ninguna manera parciales. Mantengo mi imparcialidad (…) Incluso hasta llegué a ofrecer poner 50.000 dólares que faltaban porque yo quería que se solucionara”. Para Burs y Heter, esa afirmación constituye una “admisión” de la participación del magistrado en la maniobra que describen, especialmente porque había sido él mismo quien había dictado la medida cautelar que los había excluido del predio.

“Lo cierto es que la actuación de Zárate, sin perjuicio de las incidencias procesales que podrían analizarse a la luz de los reglamentos pertinentes, estuvo imbuida de ese ánimo de lograr un provecho personal o para terceros a través de la herramienta que poseía y cuya presencia resultaba trascendental. Su accionar, la concreción de una infundada medida cautelar cuyo efecto le permitió asumir el rol de colaborador indispensable al mantenernos excluidos de nuestra propiedad por casi un año, su intervención primaria en un conflicto judicial en el que debía resolver, el ofrecimiento dinerario más que inaudito, la concreción de reuniones privadas alejadas del más mínimo protocolo procesal, resultan pruebas más que acabadas de que existía el poder de generar un mal, que ese mal ya venía concretándose con nuestra expulsión de la propiedad y que el camino era el de someterse a las exigencias que Cerone blandía a través de su actuación".

Zárate hizo un descargo donde rechazó de manera enfática cada una de las acusaciones, negó todos los hechos atribuidos en su contra y calificó a la denuncia de los abogados como “descabellada”.

La Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, tomó conocimiento de estos hechos a partir de una presentación que dio lugar a la instrucción penal preparatoria Nº 01-01-4019-24/00, en la que actualmente se investigan presuntas conductas de prevaricato agravado, cohecho y extorsión. Ese expediente penal, instruido por el fiscal Ignacio Calonje, involucró medidas de prueba como allanamientos en el domicilio del juez y en su juzgado, dispuesto por una magistrada de Bahía Blanca ante la excusación de los jueces del distrito.

Por otro lado, al imputar “complicidad” por parte del juez Francisco Augusto Blanc, los denunciantes precisaron: “Hemos detectado un modus operandi delictivo coordinado que involucra la invención de causas judiciales civiles con el único fin de extorsionarnos y desapoderarnos de nuestra propiedad como así también a terceros. Este esquema, iniciado con el Juez José Zárate, es continuado y enmascarado por el Juez Francisco Blanc, evidenciando una clara complicidad entre ambos magistrados civiles y letrados coincidentes en los procesos irregulares, lo que configura un grave atentado contra la administración de justicia y, en casos particulares, contra el derecho a la propiedad".

A Blanc se le atribuyen hechos como la supuesta “destrucción en forma oficiosa” de un expediente durante la feria judicial de enero de este año, en una causa por apelación en la que se discutía la posesión de lotes vinculados a los mismos actores, quienes consideraron que esa presunta destrucción tenía como objetivo “eliminar pruebas”.

Pedido del procurador bonaerense y suspensión preventiva

El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, denunció al titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense. Para eso, estimó que el juez había incurrido en “severas irregularidades” que configuraban “faltas y delitos” que se apartaban “de la buena conducta exigida por la Constitución provincial para la conservación de su cargo”.

Al pedir la destitución de Zárate, Conte Grand manifestó que el magistrado en cuestión había incurrido en causales de “mal desempeño que comprometen el servicio de Administración de Justicia”. El Jury quedó conformado y, según fuentes ligadas al caso, ya está en condiciones de evaluar los distintos elementos incorporados al expediente.

Tras la presentación del procurador, el 12 de noviembre pasado el Máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió otorgarle al juez Zárate licencia por noventa días con el fin “garantizar -con carácter primordial- evitar la repetición de nuevos hechos reprochables, como así también garantizar la efectividad de la investigación en las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, sin perjuicio de la oportuna intervención del Jurado de Enjuiciamiento”.