La Policía Federal llevó adelante un total de 32 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y detuvieron a nueve personas en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial. La medida, ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, incluyó también el secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos, vehículos y la clausura de tres establecimientos identificados como posibles centros relevantes de la actividad ilegal.
Los procedimientos fueron solicitados por la titular de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y estuvieron a cargo de la División Lavado I de la PFA. La pesquisa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) por supuesta evasión sistemática del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias atribuida a la firma Vetra S.A., dedicada a la venta de materiales para la construcción, ferretería y hormigón armado bajo el nombre comercial “Casa Armando”. Según documentos del expediente, la empresa tenía como responsable legal al momento de la denuncia a Carlos Gastón Greblo.
El fallo que autorizó los procedimientos señaló que las maniobras habrían consistido en “omitir declarar las ventas gravadas”, lo que derivó en ajustes fiscales por múltiples períodos entre 2018 y 2022. ARCA, en rigor, documentó que Vetra S.A. “aceptó los ajustes y conformó las declaraciones juradas rectificativas”, incorporando la deuda a un plan de pagos que luego “caducó”.
La empresa operaba en un predio de Canning donde funcionaba el corralón “Casa Armando”, que contaba con estructuras de ventas y logística. La fiscalía y las áreas de investigación patrimonial del Ministerio Público analizaron la actividad de la firma y de otras sociedades vinculadas, así como el rol de quienes habrían actuado como integrantes del entramado comercial. Investigaciones de campo de Gendarmería habían permitido establecer que el comercio desarrollaba “actividades vinculadas a la venta de materiales para la construcción”, así como determinar la presencia de vehículos asociados a Vetra S.A. y a otras empresas bajo análisis.
Según la hipótesis fiscal, el presunto esquema societario se valía de firmas paralelas o conectadas entre sí para realizar actos de desvío de fondos y adquisición de bienes sin justificación patrimonial.
Al respecto, de acuerdo a la sentencia que ordenó los allanamientos, las pericias contables dispuestas durante la instrucción “analizaron la abundante prueba informativa recabada (...), expidiéndose sobre la capacidad patrimonial de los investigados para adquirir bienes a partir de la fecha en que comenzaron las maniobras delictivas tributarias y concluyeron que los nombrados realizan una multiplicidad de actividades comerciales desde una economía informal, lo cual les permite disimular sus verdaderas ganancias para luego confundirlas con sus patrimonios”.
“En esta inteligencia, esas actividades han generado ganancias que, bajo la apariencia de una estructura empresarial dispuesta para tal fin, habrían sido mezcladas con los activos de origen espurio a través de lo que se conoce comúnmente como 'confusión patrimonial’”, se destacó en la resolución, que resaltó “la utilización de empresas como un instrumento para poder concretar las maniobras”.
Por su parte, el análisis de la documentación societaria indica que Vetra S.A. tuvo distintas autoridades a lo largo de los años, pero en la operatoria cotidiana mantenía vínculos con otras sociedades del mismo circuito económico, entre ellas Vermateriales S.R.L., Combustibles Canning S.A. y Grupo MAV S.A. El Juzgado Federal detalló que varias de las personas investigadas figuraban como empleados en una empresa y como firmantes de cheques o autoridades en otra, además de registrar adquisiciones de vehículos y bienes inmuebles cuya justificación el tribunal consideró materia de investigación.
Las maniobras atribuidas incluyeron omisiones declarativas relevantes, donde Vetra S.A. habría evadido el IVA por los períodos 2018, 2019 y 2020 por “$67.927.577,74; $96.518.945,34; y $232.598.736,33”, además de Impuesto a las Ganancias correspondientes a distintos ejercicios. Para los años posteriores, la investigación de la fiscalía atribuyó evasiones adicionales bajo presidencias societarias sucesivas. También se analizó la adquisición habitual de bienes muebles e inmuebles por parte de personas vinculadas y de sociedades asociadas, consideradas por la acusación como parte de una etapa de incorporación y administración de activos presuntamente obtenidos mediante evasión.
Sobre esa base, la fiscal Incardona solicitó allanamientos en 32 domicilios que incluían centros de actividad comercial, domicilios de particulares, oficinas, estudios jurídicos, escribanías, un barrio privado en desarrollo y una caja de seguridad bancaria. La solicitud se fundamentó en que en esos lugares “podrían hallarse elementos de interés para la prosecución de la investigación” y que se trataba de sitios utilizados para el manejo de bienes o documentación vinculada.
El juzgado ordenó los procedimientos al considerar acreditados los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En su sentencia, sostuvo que era necesario secuestrar “documentación contable financiera y comercial, libros contables (digitales o físicos), balances, estados de resultados, facturas (…) registros de operaciones financieras o comerciales no bancarizadas, documentación de sociedades (…) registros de personal, pagos y nóminas”. También dispuso el secuestro de “dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, tarjetas, chequeras, constancias de transferencias (…) boletas de depósitos o extracciones”, así como “escrituras o boletas de compraventa de inmuebles, títulos de vehículos, objetos de valor” y dispositivos electrónicos, junto a 32 vehículos -camiones, camionetas, autos y motos- que serían “producto o provecho de los delitos investigados”.
Como parte de las medidas destinadas a interrumpir la supuesta actividad criminal, se dispuso la clausura preventiva de los locales de Casa Armando, la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el predio en construcción “Don Armando Club de Campo”, al entender que dichos espacios serían utilizados para las actividades “de forma permanente y continua”.
Los detenidos son Mauricio Armando Vedovato, Agustín Vedovato, Carlos Gastón Greblo, Andrés Antonio Cendra, Adolfo Bagatoli, Alexis Ian Da Fonseca, Amadeo Vedovato, Marco Agustín Vedovato y Diego Santo De Carlo.
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