El Tribunal Oral Federal Número 2 puso freno a la controversia con el Ministerio Público y dispuso avanzar con el recupero de los bienes de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad, quien durante el fin de semana cumplió 100 días de condena domiciliaria.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu contestaron el dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes días atrás reclamaron la ejecución patrimonial de una veintena de propiedades de Cristina y del resto de los condenados en una primera fase.
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De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, ambos magistrados ratificaron que solo podrán ser objeto de recupero “aquellas incorporaciones patrimoniales que sean concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal objeto de este proceso, que abarca el período comprendido entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015″.
La delimitación temporal responde a la necesidad de evitar que se afecten propiedades ajenas a los hechos juzgados. En ese marco, el tribunal le encomendó a los fiscales identificar con precisión técnica tanto las sumas de dinero como los bienes muebles e inmuebles que puedan ser considerados producto del delito.
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Gorini y Giménez Uriburu recordaron que el pasado 1 de septiembre de 2025 ya habían fijado los criterios para la ejecución del decomiso. Allí establecieron que Fiscalía debía presentar un requerimiento fundado que identificara los bienes a ejecutar, y que antes de cualquier decisión se daría intervención a las las partes para garantizar el derecho de defensa en juicio.
La resolución de principio de mes enfatiza que “previo a resolver se daría participación a las defensas para salvaguardar los derechos de las personas interesadas en relación a lo que se dispusiera”.
El dictamen de los fiscales
Pocos días atrás, Luciani y Mola presentaron un dictamen donde identificaron una serie de bienes que, desde su óptica, debían ser ejecutados para hacer efectivo el apercibimiento, ante el incumplimiento del pago de $684.990.350.137,86 que debía ser depositado de forma solidaria por los condenados. Dicha suma actualizada fue ratificada esta misma semana por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
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Los fiscales cuestionaron el criterio adoptado por el TOF 2 respecto al procedimiento de ejecución. En duros términos, los jueces contestaron el dictamen señalando que “el Ministerio Público Fiscal ha adoptado invariablemente la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal”, y que en esta oportunidad esas críticas se tradujeron en “diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.
De forma contundente, Gorini y Giménez Uriburu advirtieron: “no se alcanza a comprender cómo podría conciliarse esa misión institucional con la pretensión de que se avance sobre un derecho tan fundamental, como lo es el de la propiedad, sin siquiera oír a las defensas (y a los eventuales terceros que pudieran resultar interesados)”.
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El tribunal también rechazó el argumento fiscal que pretendía equiparar la situación con la causa conocida como “Ruta del Dinero”, recordando que en aquel caso la identificación de los bienes a decomisar fue objeto de controversia en la discusión final, y fue abarcada por el ejercicio pleno de defensa de los condenados, algo que —según los jueces— no ocurrió en el actual proceso.
Por otra parte, la resolución ordena requerir a los registros correspondientes información adicional sobre los inmuebles detallados por la Fiscalía, con el objetivo de precisar los datos necesarios para la ejecución del decomiso.
Finalmente, los magistrados le pidieron la opinion a las siete defensas para que se expidan sobre los bienes identificados por la parte acusadora. También se le corrió vista a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, hijos de la exmandataria, cuyos nombres aparecen contemplados en la titularidad de varios de los bienes que comparten con Cristina.
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