La Cámara Federal de Casación Penal convalidó la condena por enriquecimiento ilícito, dictada por el Tribunal Oral número 7 en diciembre del año pasado, a 3 años de prisión en suspenso contra Nélida Caballero, la llamada “cocinera” del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras rechazar los recursos presentados tanto por su defensor Leonardo Martínez Herrero como por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los camaristas de la sala IV del máximo tribunal penal del país, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, coincidieron en que la sentencia se encuentra debidamente fundada y que los agravios de la defensa no lograron conmover la valoración de la prueba realizada durante la investigación.
En el juicio, al cual Caballero llegó en libertad, se determinó que entre 2011 y 2016 la empleada doméstica realizó una serie de operaciones financieras y comerciales que le permitieron introducir al circuito económico formal un campo en Formosa, una camioneta Toyota Hylux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo, valuados por $2.005.630,99, provenientes de diversos ilícitos, con la intención de conferirles una apariencia de legalidad.
Luego de tres meses de debate, el Tribunal Oral Federal número 7 dio por probado que, a partir del vínculo laboral que tenía con el ex funcionario del kirchnerismo y su esposa, Alessandra Minnicelli, Nélida experimentó un considerable y exponencial crecimiento patrimonial. Asimismo, le trabaron una multa del doble del costo de la operación de lavado, que por entonces ascendía a los dos millones de pesos y que al final del proceso, tras su actualización, rondaba los 340 millones de pesos.
Los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori dieron por probado que la ex ama de llaves “implementó en la ciudad de Clorinda la denominada Agencia España, para la venta de pasajes de las empresas que integraban el Grupo Plaza”, aunque el funcionamiento real de esa agencia nunca fue acreditado durante el debate.
El fallo remarcó que la apertura de dicho emprendimiento, como lo denominó Nélida Caballero, permitió la instalación del “Lavadero Plaza”, destinado a prestar servicios a los ómnibus del Grupo Plaza, propiedad de Sergio Cirigliano, condenado por administración fraudulenta por la tragedia ferroviaria de Once. También que los pagos por esos servicios se realizaban a través de la firma Eme&De S.A..
La pericia contable
La pericia contable fue la que despejó todas las dudas: “Se registraron incrementos patrimoniales no justificados por la suma de $2.005.630,99 para los seis años analizados”. El mismo informe detalló que los ingresos atribuidos a servicios de lavado de colectivos carecían de documentación respaldatoria suficiente y que la mayor parte de los movimientos de fondos se realizaba en efectivo, cosa que dificultaba su trazabilidad de la circulación del dinero.
Caballero llegó a juicio manifestando una versión de los hechos totalmente contraria a la que brindó al inicio de la causa. Durante la instrucción del expediente dijo que todos sus bienes fueron “producto de su esfuerzo y sacrificio junto a su familia”. Para justificar la inconsistencia patrimonial, adujo desprolijidad en sus declaraciones juradas.
Durante su indagatoria al inicio del debate, la mujer argumentó que el aumento de su capital y sus bienes fueron gracias al dinero que obtuvo mientras ejerció la prostitución. Pero la Cámara de Casación desestimó este argumento.
Por último, rechazaron el recurso de la Unidad de Información Financiera, que reclamaba que el tribunal pusiera a su disposición los efectos decomisados. Ello, atento a la normativa según la cual es la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quien corresponde administrar los mencionados bienes.
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