La fiscal federal Fabiana León rechazó la posibilidad de que los empresarios acusados en el caso de los Cuadernos de la Corrupción se liberen de culpa a cambio de un resarcimiento económico.
“No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”, expresó la fiscal durante la audiencia que se desarrolla este mediodía ante el Tribunal Oral Federal 7, que deberá definir la cuestión .
Antes, se había expresado en el mismo sentido el titular de la Unidad de Información Fiscal (UIF), Paul Starc. Advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.
Más de 40 ejecutivos acusados en el expediente habían ofrecido pagos y hasta bienes para evitar el juicio oral y público. Incluso uno de ellos ofreció un departamento en Miami y un barco.
Los argumentos de la fiscal
La fiscal León fijó una tajante postura al planteo formulado por 47 empresarios y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
En una contundente exposición en el marco de la audiencia, la fiscal rechazó de manera categórica la posibilidad de extinguir la acción penal mediante acuerdos reparatorios propuestos por casi medio centenar de arrepentidos y reivindicó la realización del debate.
En su turno durante la audiencia, León señaló que la reparación no es un pago impuesto por el juez. “Sin consenso real, no hay reparación integral posible”, apuntó la acusadora, quien agregó que dicho instituto presupone una víctima concreta y un daño que sea reparable en términos mensurables. “Es satisfacer plena y adecuadamente el interés jurídico lesionado, de modo total, proporcional y específico al daño causado”, indicó.
La fiscal sostuvo que, en este tipo de procesos, no existe una víctima individual con la que se pueda negociar, y que aceptar pagos unilaterales equivaldría a “abrir un mercado de impunidad”. También relató que, desde la radicación de la causa en la Fiscalía General, recibió a todos los abogados interesados en dialogar sobre posibles salidas alternativas “todos los que han venido lo han hecho con absoluta corrección y en estricto ejercicio del ministerio que tienen”.
Fabiana León expresó su preocupación pues este procedimiento no garantizaba que todas las defensas estuvieran debidamente informadas, y subrayó la importancia de que todos los imputados pudieran participar en igualdad de condiciones.
Sobre la convocatoria a la audiencia, indicó que “no puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”. Remarcó que el caso en cuestión involucra hechos de corrupción de gran magnitud, con participación de agentes estatales y empresarios, y que la única forma legítima de concluir el proceso es mediante un juicio oral, público y contradictorio.
La reparación integral
Al abordar la cuestión de la reparación integral como causa de extinción de la acción penal, Fabiana León explicó que este instituto exige la existencia de una víctima concreta y un daño mensurable, así como un acuerdo real entre el imputado y la víctima, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la homologación judicial. “Sin consenso real, no hay reparación integral posible”, afirmó.
Detalló que la reparación debe ser plena, adecuada y proporcional al daño causado, e incluir restitución, compensación, intereses, lucro cesante, daño moral y medidas de satisfacción o no repetición.
La fiscal distinguió entre la reparación integral y la suspensión del juicio a prueba el cual contempla un estándar más flexible. Subrayó que, en el caso de delitos de corrupción, el daño no es patrimonializable ni puede ser objeto de transacción, ya que afecta la confianza pública y la legitimidad del Estado.
León calificó como “patéticos” los ofrecimientos dinerarios realizados por algunos imputados, señalando que, al dividir la suma ofrecida por los doce años que duró la investigación, el monto resultaba “ridículo”.
La fiscal advirtió que aceptar acuerdos unilaterales significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad” y reiteró que no se cumplen los tres requisitos materiales para la extinción de la acción penal por reparación integral: no hay acuerdo real, no existe una víctima individual y no es posible una reparación plena del daño institucional causado.
Tras escuchar la posición del Ministerio Público, el tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de septiembre donde previo a deliberar, escuchará las palabras finales de las defensas.
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